Imputan un delito de maltrato animal a la directora de Parque Animal

Casi dos años después de que la directora de la a Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, y dos empleados fueran detenidos por la muerte presuntamente irregular de más de 2.865 animales, el juzgado de instrucción número 5 del municipio ha hecho público el auto por el que da por concluida la fase de investigación inicial y considera que hay indicios para imputar tanto a la responsable del centro como al encargado los presuntos delitos maltrato animal continuado e intrusismo profesional. Sin embargo, ordena el sobreseimiento provisional y archivo de los delitos de falsedad documental y denuncia falsa de los que también fueron acusados en un principio otros dos empleados.

El juez considera que de la valoración de las diligencias practicadas hasta el momento se acredita que la directora de Parque Animal "ha realizado sacrificios masivos e injustificados en dicho centro, con la ayuda directa y material de otro trabajador llamado F. B. y que ambos han suministrado medicamentos eutanásicos a los animales en pequeñas dosis produciéndoles sufrimientos innecesarios e injustificables hasta su muerte".

Asimismo, se hace constar en el auto que la cantidad de animales sacrificados en el plazo de dos años podría ser de más de 2.865 perros y gatos, algo que el juez considera "excesivo". Para sostener la imputación del delito de maltrato animal, el magistrado señala que existen los indicios que constan en los informes elaborados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil -que realizaron inspecciones oculares, reportajes fotográficos y análisis de documentación hallada en el lugar- y las declaraciones de los testigos que afirmaron que "pudieron observar a ambos cómo inyectaban el producto descrito a los animales y que los sacrificaban, incluso una vez semanalmente".

También se les considera a ambos autores de un delito de intrusismo profesional debido a que ninguno de los dos tenía testaba autorizado para inyectar Dolethal -medicamento eutanásico supuestamente empleado en dosis inferiores a las recomendadas- y sacrificar a los animales dado que el propio Colegio de Veterinarios de Málaga certificó que carecían de titulación de veterinario.

Sin embargo, el juez estima que sobre el delito de falsedad documental del que la Guardia Civil acusó a la directora del centro y otros dos veterinarios, por presentar presuntamente informes falsos sobre el número de animales que eran sacrificados cada mes para justificar ante el Ayuntamiento las facturas sobre los gastos de incineración, "no existen elementos de prueba suficientes como la imputación de dichos hechos delictivos". Tampoco en el auto se le imputa a Carmen Marín el delito de denuncia falsa, un hecho que justifica en que "no puede existir un pronunciamiento en el presente procedimiento hasta tanto no recaiga resolución que ponga fin al presente".

El juez ordena en el auto la continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado y da un plazo de tres días a las partes para interponer recurso de reforma y cinco días en el caso de que decidan poner un recurso de apelación.