La Justicia se vuelve de pago

¿Quiere divorciarse? De entrada prepare 1.280 euros. Eso le costará ir al juzgado de primera instancia y después recurrir a la Audiencia siempre y cuando no tenga que liquidar la sociedad de gananciales. Además, deberá pagar las minutas del abogado y del procurador. ¿Quiere liquidar la sociedad de gananciales? Vaya ahorrando. La nueva ley de tasas que prepara el Ministerio de Justicia contempla que el ciudadano tenga que desembolsar 300 euros más el 0,5% del valor del bien. Imagine, por ejemplo, que esa sociedad de gananciales la conforma un piso valorado en 300.000 euros. El coste sólo por acudir a un juzgado será de 1.800 euros (300 euros fijos, más 1.500 variables).

Los abogados de Málaga se concentraron ayer en la Ciudad de la Justicia, en una protesta convocada por todos los colegios del país, para mostrar su desacuerdo con la ley de tasas que prepara el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón. Además, en apenas un rato recabaron 400 firmas de los profesionales contra la ley de tasas que presentaron a última hora de la mañana la Subdelegación del Gobierno.

El decano del Colegio de Abogados malagueño, Francisco Javier Lara, además, ha estudiado de qué forma repercutirán en el bolsillo de los ciudadanos los precios públicos que pretende imponer el Gobierno en la Administración de Justicia. La conclusión que extrae es que abre las puertas a que exista "una justicia para pobres y otra para ricos".

Lara estima que esta reforma implicará un "recorte de la tutela judicial efectiva" para grandes bolsas de población que no podrán acceder a los tribunales por cuestiones exclusivamente económicas.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga alude a casos prácticos. Por ejemplo, si un vecino necesita reclamar a su comunidad de propietarios 2.100 euros por cuotas que considera indebidamente cobradas podrá verse en la tesitura de tener que desembolsar hasta 921 euros si acude al juzgado y después recurre la sentencia.

Francisco Javier Lara recuerda una historia real: la de los padres de una niña que sufrió graves daños cerebrales a causa de una negligencia médica en el parto. Esta familia reclamaba 600.000 euros y tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para que atendieran su petición. Antes, tanto en primera instancia como en apelación, le negaron la indemnización. A partir de ahora, sólo en tasas, una familia en las mismas circunstancias debería desembolsar 11.300 euros en impuestos para poder llegar hasta el Alto Tribunal.

La ley de tasas, de acuerdo con los cálculos del Colegio de Abogados de Málaga implica que recurrir una multa de tráfico leve (hasta 100 euros) implique pagar 200 euros en tasas. Si la multa es grave, pero sin detracción de puntos (200 euros), acudir a un juzgado supondrá gastarse otros 200 euros en impuestos y si, finalmente, la penalización de tráfico es muy grave y llega hasta los 500 euros, las tasas se elevarán a 450. A ello habrá que sumar los correspondientes honorarios correspondientes a los profesionales de la defensa.

Las reclamaciones de cantidad, que junto a los procedimientos laborales y concursales son los que más han crecido a consecuencia de la crisis, también se encarecen. Una reclamación de 6.000 euros implica, sólo por interponer la demanda y sin tener en cuenta los honorarios de los profesionales, tener que asumir el pago de 300 euros como tasa fija, más el 0,5% del importe total, es decir, en total 330 euros. Y si la sentencia que obtenga no le gusta, el ciudadano podrá interponer un recurso primero de apelación (800 euros en tasas) o de casación (1.200 euros).

El decano de Málaga advierte que este nuevo escenario impositivo puede implicar nuevos agravios para los más frágiles: desde la compañía de seguros que se desentienda de pagar voluntariamente una indemnización confiada en que estos costes disuadan al particular de reclamársela judicialmente hasta el empresario que deje en la estacada a sus proveedores porque sabe que reclamar cantidades pequeñas es oneroso.