Atrapado por las evidencias

CUALQUIERA habría jurado, visto su currículum político, que el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, respetaría, si acaso un poco, a la Guardia Civil. A la prensa ya conocemos el escaso respeto que le tiene, casi casi igual, aunque sin caer tan bajo en su estima, que a la oposición. Sin embargo, el regidor popular lleva tres semanas despreciando a la Benemérita y a los hallazgos que han hecho sus agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza en su investigación de la operación Óbito. Es el nombre de la operación policial que descubrió y desmanteló el exterminio sistemático de animales que se estaba llevando a cabo en la Protectora del municipio, Parque Animal, con casi 3.000 perros y gatos sacrificados presuntamente con sufrimiento y de forma irregular. También, desde luego, a las revelaciones y descubrimientos que ha hecho, con su trabajo, mi compañera Raquel Garrido en las páginas de este periódico.

Han pasado ya más de dos años desde aquel horror y todavía no se nos quitan de la cabeza las imágenes de los cadáveres congelados de perros y gatos, que en algunos casos se sacrificaban nada más llegar, para sufrimiento de sus dueños cuando llegaban a reclamarlos. En este tiempo, los investigadores han ido descubriendo que la directora de la asociación, Carmen Marín, no llevaba precisamente un vida de perros. Viajes por doquier, hoteles de lujo, tratamientos de spa, restaurantes, coche, la reforma de una clínica de unos familiares. Todos esos gastos, por alrededor de un millón de euros, fueron presuntamente cargados a los fondos de la asociación sin ánimo de lucro, en la que tuvo el buen juicio de monopolizar la directiva con su familia. No hace falta recordar, o quizás sí, que gran parte de ese dinero procedía de las arcas públicas, de las del Ayuntamiento de Torremolinos.

Los mismos agentes se preguntan cómo es posible que el Ayuntamiento de Torremolinos no descubriera el presunto fraude y el enorme holocausto animal. De hecho, al pasar el tiempo y ampliar sus hallazgos, ni siquiera se lo preguntan. En un informe hablan de la posible "connivencia" entre el Consistorio y la Protectora de los horrores. Desde el Ayuntamiento se habría facilitado a la principal imputada que 'arreglara' unos documentos públicos -lo cual constituiría, de probarse cierto, un grave delito-, y el concejal de Medio Ambiente llegó a prohibir a unas funcionarias que colaboraran con la Guardia Civil.

Se mire por donde se mire, todo huele a podrido en lo que se refiere a este caso en Torremolinos. Parque Animal contrató, sin factura, unas obras a la empresa del hermano y los sobrinos del alcalde. Por unos 55.000 euros. Unos trabajos que los agentes sospechan que luego recibieron una subvención municipal de 13.000 euros. Tampoco eso es suficientemente grave, a juicio de Fernández Montes o del PP, para dar una explicación a los vecinos de Torremolinos. Y más teniendo en cuenta que el alcalde ha sido un firme aliado de Parque Animal, que llegó a defender en pleno que se le dieran ayudas públicas por programas para los que la asociación no estaba acreditada, y que el Ayuntamiento le ha venido prorrogando el servicio de recogida y mantenimiento de animales desde hace más de una década. Incluso le hizo una larguísima concesión cuando ya era objeto de investigación policial, tras un procedimiento negociado que bien podríamos llamar 'amañado', a la vista de la asociación de Carmen Marín competía con dos entidades que ella misma había elegido, una de ellas inactiva desde hace más de cinco años y otra una clínica cuyo responsable ignoraba que competiría en el concurso público.

Por si fuera poco, la detenida y procesada por este caso subarrendó un local municipal y se ganó unos buenos dineritos cobrando un alquiler a un restaurante. Y como ha sido habitual todos estos años, nadie del Ayuntamiento de Torremolinos se dio cuenta o se quiso dar por enterado.

Tras negarse, en su estilo opaco habitual, a crear una comisión de investigación sobre el asunto, como le pedía la oposición, Pedro Fernández Montes decía que hablará de todo esto en los tribunales. Ojalá lo haga. Mientras tanto, los ciudadanos tendrán que conformarse con creer su palabra, su mentira, de que la actuación del Ayuntamiento en todo este escándalo ha sido impecable. Ha sido impecable, desde luego, la forma en que ha mirado hacia otro lado y sigue haciéndolo. Cuando todos los indicios y evidencias exigen, al menos, una explicación. Esperar unas disculpas sería demasiado pedir.