Destapan que 12.000 electrodomésticos fueron vendidos ilegalmente en Málaga

Al menos unos 12.000 electrodomésticos usados, fundamentalmente frigoríficos y lavadoras, calcula el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que han sido vendidos de forma irregular en la provincia de Málaga en el último año y medio. La cifra se desprende de la llamada operación Melo que han llevado a cabo los agentes tras un año de investigación y que ha terminado con la imputación de 59 personas.

Entre ellos, hay 47 transportistas a los que la Guardia Civil acusa del presunto delito de apropiación indebida y otras doce personas por el delito de receptación. Según ha podido saber este periódico, los primeros eran los encargados de recoger los electrodomésticos ya usados en las tiendas o grandes superficies en las que los consumidores habían comprado otros nuevos.

Pero, al parecer, en lugar de llevarlos a los gestores autorizados, encargados de valorizar y reciclar convenientemente los llamados RAEE o residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos, los transportistas implicados los vendían en puntos de venta de segunda mano o en el mercado negro con destino a mercadillos de la provincia o Marruecos.

La investigación del Seprona determinó que estos llegaban a cobrar entre 20 y 40 euros por cada lavadora o frigorífico de segunda mano vendidos, aunque si eran de la gama gris la ganancia se disparaba hasta los 80 euros.

Eran los intermediarios, unas doce personas acusadas del presunto delito de receptación, los que evaluaban el estado de los electrodomésticos desechados y estimaban el precio a pagar por ellos antes de arreglarlos para su posterior venta en el mercado de segunda mano y, si no estaban en las condiciones adecuadas, extraerles algunas piezas para comercializarlas o venderlas a chatarrerías e industrias diversas.

Los investigadores del Seprona detectaron, al menos, tres puntos de venta de este tipo de electrodomésticos en el polígono industrial El Viso de la capital malagueña después de vigilar y seguir a los transportistas una vez que los cargaban en las tiendas de origen.

Los receptadores de estos electrodomésticos, según la investigación, intentaron defenderse ante la Guardia Civil argumentando que eran de segunda mano que habían comprados a particulares. Sin embargo, ninguno disponía de un libro de registro al que están obligados para poder demostrar su procedencia, por lo que han sido sancionados además con multas de hasta 3.000 euros.

La operación Melo ha desvelado que la venta irregular de estos electrodomésticos se remonta al fin del conocido Plan Renove en mayo de 2012, por el que la Junta de Andalucía incentivaba cada año para que los consumidores pudieran sustituirlos por otros más eficientes energéticamente.

La legislación vigente obliga a los distribuidores donde son adquiridos a garantizar que los frigoríficos y lavadoras usados de los clientes que lo requieran sean llevados a un gestor autorizado, debido a la tasa que estos ya pagan por ello en el precio de venta final. Además, era un requisito imprescindible para que estos establecimientos cobraran la subvención que el Gobierno andaluz daba dentro del citado plan que se suspendió hace un año y medio por falta de presupuesto para las subvenciones.

En este tiempo, la Guardia Civil calcula que han dejado de gestionarse unos 12.000 electrodomésticos, aunque únicamente los agentes han podido intervenir 1.600 en la provincia desde que inició la investigación.

Pero paralelamente a la operación llevada a cabo en la provincia de Málaga, la Guardia Civil ha desarrollado otra llamada Fragmentados, ambas dirigidas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, en la que han sido imputadas otras 119 personas por su presunta participación en la gestión ilegal de miles de frigoríficos y lavadoras en otros puntos del país.

Como en el caso de Málaga, en lugar de proceder a su traslado a un gestor autorizado de acuerdo a las normas medioambientales vigentes, se apropiaban de ellos y los vendían en tiendas de segunda mano. Algunas de estos locales llevaban abiertos al menos treinta años, durante los que han podido estar llevando a cabo estas actividades ilegales. La investigación en este caso comenzó el pasado mes de mayo y se llevó a cabo en las provincias de Alicante, Barcelona, Murcia y Valencia.

Hasta que en 2005 no fue obligatorio el tratamiento de los RAEE, su destino era casi siempre el vertedero o en los cauces de muchos ríos. Ahora son los gestores especializados los que deben encargarse de su tratamiento.