Casi en quiebra por la falta de control municipal

Una decena de plantas autorizadas para la recogida y el tratamiento de residuos derivados de la construcción de la provincia de Málaga están pasando por una delicada situación. No sólo el parón del sector por culpa de la crisis económica ha supuesto un serio varapalo para estas instalaciones que ya apenas reciben material. La mayoría están al borde de la quiebra porque muchos ayuntamientos no obligan a los promotores de cualquier obra a tratar los escombros resultantes tal y como exige la legislación.

La Asociación de Empresas de residuos de Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca) pidió ayuda a la Junta de Andalucía para buscar una solución que obligue a los ayuntamientos a controlar los vertidos y a cumplir con la obligación de exigir a los promotores, ya sea una empresa o particular, una fianza para garantizar que los restos de obra sean tratados convenientemente.

La Delegación provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha remitido una carta a todos los ayuntamientos malagueños para recordarles esta obligación, ya que se calcula que hasta ahora, y a pesar de que el reglamento de residuos de Andalucía 73/2012, alrededor del 70% no ha cumplido con esta exigencia. En el escrito, se recoge además un enlace a la página web de Agreca donde podrán descargarse una ordenanza tipo que podrán adaptar a sus municipios y un programa de Excel para poder hacer el cálculo de la fianza que deben pedir.

La entrega de ese aval a las corporaciones locales por parte de los constructores de una obra garantiza que esos residuos sean tratados por un gestor autorizado. De hecho, la legislación andaluza estipula que la entrega de esa fianza debe ser un requisito imprescindible antes de conceder cualquier licencia municipal de obras. Y sólo una vez que se demuestre que esos escombros han sido gestionados correctamente, los ayuntamientos devuelven la cantidad estipulada que depende del tipo de obra. El problema, según el gerente de la asociación Agreca, Pablo Pérez, es que "los ayuntamientos creen que es una medida impopular entre sus vecinos, pero hay que cambiar la concienciación del político porque no se trata de un impuesto si no la forma de evitar los vertidos ilegales". Pero también la garantía de supervivencia de las plantas de tratamiento que hay en la provincia y que como consecuencia de esta situación apenas reciben restos de obra que tratar.

Apenas un tercio de las administraciones locales de la provincia tienen una norma donde se recojan estos aspectos. El resto, según Agreca, o no disponen de ella o simplemente no la aplican. Sin embargo, la disposición transitoria de la Junta que entró en vigor en abril de 2012 daba a los ayuntamientos un plazo de dos años para adaptarse y un año para empezar a exigir los avales como condición sine qua non para pedir una licencia de obras.