FCC le reclama al Puerto 1,2 millones por los accesos al dique de Levante

La construcción del nuevo acceso al dique de Levante, impulsada a finales del año 2007 y culminada a finales de 2011, pueda convertirse en asunto de dolor económico de envergadura para las ya de por sí inestables cuentas de la institución portuaria. El desarrollo de esta intervención, junto con la protección de la dársena exterior de Levante, fue adjudicada y ejecutada por la empresa FCC, que desde algunos meses viene reclamando a la Autoridad Portuaria el abono de 1,2 millones de euros más de los asumidos en el marco de la liquidación de los trabajos por el organismo público.

De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso este periódico, y de la que se informó en el último consejo del organismo, celebrado el pasado mes de abril, la reclamación de la constructora incluye casi 530.000 euros de unidades de obras ejecutadas "fuera del ámbito del contrato y sin que contasen con la correspondiente cobertura económica ni administrativa".

De este primer elemento de la ecuación, los informes elaborados por la Abogacía del Estado ante la citada demanda anulan en buena medida la pretensión económica de la adjudicataria. Tanto es así que tanto en marzo como en mayo del año pasado, este ente sólo reconoció como "abonables" 67.885,07 euros. A pesar de ello, como confirma la documentación FCC mantiene viva su petición de compensación económica.

A estos trabajos "ejecutados no sufragados por la Autoridad Portuaria de Málaga" hay que añadir otros 191.874,70 euros correspondientes al denominado 'enclavamiento de todo-uno', una partida que ya fue "desestimada" por la Abogacía General del Estado en un escrito de 28 de marzo de 2015, "por lo que no corresponde su consideración a día de hoy", precisa la documentación tratado en el último consejo de administración.

De otro lado, FCC reclama como costes "indirectos" del periodo 2010-2011 otros 617.526,12 euros. La citada sumada, según los informes, se corresponden con los "daños y perjuicios" que la constructora dice haber sufrido durante el periodo en que los trabajos estuvieron paralizados o por la suspensión de la obra entre el 27 de julio de 2010 al 1 de febrero de 2011. Sobre este último capítulo, no se apunta pronunciamiento inicial por parte de la Abogacía del Estado.

Frente a la posición de la empresa, los informes de los que disponen en la Autoridad Portuaria apuntarían la existencia de un saldo de la liquidación del proyecto positivo para la institución pública por valor de 96.965,20 euros (sin IVA). De ellos, 16.393,8 resultan del saldo de liquidación por obra cobrada y no ejecutada y 80.571 euros a la revisión de precios.

Conforme al cronograma recogido en la documentación del Puerto, estos trabajos fueron licitados en noviembre de 2007 por casi 13,7 millones de euros (sin IVA) y adjudicados el 17 de abril de 2008 por 10,9 millones (sin IVA), con una baja del 20,05%. El plazo de ejecución inicial era de 21 meses. Los trabajos arrancaron el 26 de junio de 2008, con lo que, conforme al calendario inicial, tendrían que haber finalizado en marzo de 2010. Sin embargo, el 27 de julio de ese mismo año se puso sobre la mesa un primer modificado de la obra, con fecha de terminación el 30 de noviembre de 2011. Finalmente, fueron concedidas hasta cuatro prórrogas y un presupuesto añadido de 971.362,06 euros (sin IVA). La infraestructura fue finalmente recepcionada el 8 de marzo de 2012.

En marzo y mayo de 2014 tienen lugar sendos dictámenes de la Abogacía General del Estado, fijándose la liquidación final de los trabajos en mayo de ese mismo año, que es remitida a FCC para su firma y consideración. Pero tal extremo no se cumple, dado que la constructora emite el 12 de junio de 2014 su disconformidad. La liquidación de las obras fue aprobada el 30 de junio de ese mismo año. Y la reclamación previa a la acción judicial civil por parte de la adjudicataria se produce el 14 de octubre del año pasado.