Los tribunales, la esperanza para miles de afectados por pisos inacabados

Los compradores de casas que entregaron dinero por viviendas que nunca les fueron entregadas están depositando de nuevo sus esperanzas en los tribunales para recuperar su inversión. Muchos ya lo intentaron contra la constructora que no llegó a finalizar la edificación acordada, pero tampoco consiguieron entonces la devolución de las cantidades adelantadas. Con la promotora en quiebra, situación a la que se vieron abocadas importantes empresas del ladrillo, la posibilidad de recuperar la inversión prácticamente se esfuma. Sin embargo, los miles de afectados han visto como sus posibilidades aumentaban desde que el año pasado el Tribunal Supremo diera seguridad a los jueces para condenar a los bancos a devolver esas cantidades. Al fin y al cabo fueron las entidades financieras las que recibieron el dinero a cuenta de los futuros pisos y deberían haberse asegurado en su día de que las mismas estaban garantizadas.

Desde que el Alto Tribunal se pronunciara, las demandas contra los bancos han ido en aumento, como ya ocurriera con las cláusulas suelo, sólo que en este caso son muchas las familias que vieron truncada la ilusión de adquirir una vivienda, llegando a dar por perdidos los ahorros de toda una vida. Abogados expertos coinciden en afirmar que es difícil hacer un cálculo provincializado de los compradores de pisos afectados. Sólo en el concurso de acreedores de Aifos salieron a la luz 3.000 afectados, por lo que el letrado Carlos Cómitre, de Ley 57 Abogados, calcula que en la provincia podrían estar en una situación similar al menos 6.000 familias. "Es un problema de todos los sitios donde ha estallado el boom inmobiliario. Las zonas más llamativas son la Costa del Sol, la de Murcia y Valencia y Madrid", explica Cómitre.

En su despacho concentran casi dos centenares de demandas contra los bancos, de las que ya acumulan una treintena de sentencias a favor del comprador; algunas firmes en las que los compradores han recuperado el dinero. A finales del año pasado, el letrado presentó 100 demandas contra bancos sólo de afectados de Aifos, a las que se les han ido sumando otras. El letrado se felicita porque después de siete años peleando estos asuntos el Supremo vino a dar la seguridad necesaria para que los afectados se atrevan a reclamar, por lo que estima que acabará por convertirse en "las próximas cláusulas suelo, con un incremento importante de demandas".

La entrega de dinero para una vivienda sin construir está precedida por la garantía de devolución de las cantidades, más el 6% de interés anual "en el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin". Es lo que fija la ley y son las entidades bancarias las que tiene que asegurarse y exigir que las cantidades a cuenta tengan un respaldo, de una compañía de seguros que las garantice, o de una póliza de aval. Ahí es donde el Alto Tribunal ha ido a justificar la responsabilidad de los bancos en el asunto. "Ha tenido que ser una ley promulgada hace casi 50 años la que ha sido acogida por los tribunales como protección al consumidor frente a los desmanes de promotoras de pisos y bancos", reconoce Cómitre, cuyo despacho toma precisamente su nombre de la misma, Ley 57.

La seguridad que aporta el Supremo es tal que el despacho de Martínez-Echevarría se atreve incluso con las ofertas como ya hicieron con las cláusulas suelo: Costes cero en el procedimiento hasta recuperar la inversión. "Somos conscientes de que son personas hastiadas, que en su día iniciaron un procedimiento contra el promotor y lo ganaron, pero que de nuevo volvieron a perder dinero, porque el promotor en quiebra no pagó; pero ellos sí tuvieron que abonar los honorarios", explica Vicente Morató, socio director del despacho. Son más de 300 las demandas presentadas hasta la fecha, de las que ya se han resuelto más de 70 casos a favor del comprador. "Nos llaman diariamente porque se está extendiendo esta solución", asegura Morató, que especifica lo complicado que resulta realizar un cálculo aproximado de los afectados. De hecho, hace referencia a un estudio reciente publicado por la cadena pública BBC sobre británicos afectados en España y los cifra en 100.000; por lo que "teniendo en cuenta la representación británica en la Costa del Sol...".

Las cantidad media recuperada e invertida inicialmente ronda los 80.000 euros, pero Morató concreta un caso particular de un extranjero que consiguió recuperar el millón de euros que había adelantado, además de los intereses.

Los despachos unen fuerzas

Bajo el lema “la unión hace la fuerza” diferentes despachos de abogados están coordinando esfuerzos a favor de las familias afectadas por concursos de acreedores de promotoras o simplemente por promociones fallidas. Despachos pequeños y medianos como Jiménez Tejada (Málaga), Jurado Grana (Fuengirola), Jiménez y Asociados (San Pedro de Alcántara), Criado Abogados (Málaga), Berrocal Comino (Fuengirola), del Amo Abogados (Málaga), Grupo BSK (País Vasco) y algunos otros, coordinados por Ley 57 Abogados (Marbella y Alhaurín el Grande), se han sumado a la reclamación de responsabilidad de los bancos que percibieron las cantidades anticipadas por clientes de promotoras, cuyo denominador común es el fallido de sus promociones.