Alejandro Morales, ganador de batallas

Quiere ser policía u operador de cámara de cine. Pero también le gustan las plantas y los animales. En junio aprobó el primer curso del Programa Específico de Agrojardinería y Arreglos Florales en el IES Nº1 Universidad Laboral. Tiene 21 años y una lesión cerebral que le dificulta la comunicación, no el entendimiento. Su mirada es inteligente y simpática, su saber estar, envidiable. Sigue con atención y respeto las palabras de su madre, está pendiente del tráfico cuando va de copiloto, paga en la cafetería y guarda los papeles del juez en su carpeta azul. Alejandro Morales es un ganador de batallas. Con la energía de su madre ha ido sorteando las trabas de un sistema que muchas veces pone más barreras que rampas a aquellos que, precisamente, necesitan mayor protección. Su última victoria la llevaba ayer debajo del brazo, la aprobación judicial de medidas cautelares para poder seguir estudiando. Hoy regresa al instituto en el que se le rechazó la matrícula en junio por razones de edad.

Alejandro ha pasado su vida escolar integrado en aulas ordinarias, aunque con los apoyos necesarios para poder avanzar. En el CEIP Luis Buñuel estudió Primaria. Luego ingresó en Secundaria en el IES Universidad Laboral. Tenía adaptaciones curriculares pero ante sus dificultades para titular, "los orientadores y el profesorado vieron que sería conveniente que pasara al PCPI de Jardinería, porque de los tres que se imparten en el instituto era el que mejor se adaptaba a sus gustos", explica su madre, Carmen Morales. Luego llegó la Lomce, cambió a FP Básica y la orden del 9 de junio de 2015 vinculó a los Programas Específicos la limitación de edad del artículo 74.1 de la ley de 2006. Dicha limitación de edad "es para los centros de educación especial y unidades específicas no para la FP", considera su madre.

En mayo el centro les comunicó la imposibilidad de seguir matriculando no sólo a Alejandro Morales sino también a todos los compañeros que cumplían este año los 21. Y ahí empezó la nueva lucha de los Morales. "Ningún ciudadano tiene limitación de edad para sacarse un certificado de profesionalidad y entiendo que en las mismas circunstancias está mi hijo, aunque no haya sido así", dice Carmen Morales. Y como consideraron que esta expulsión de los estudios "vulnera la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, así como la Constitución lo pusimos en mano de un abogado".

Pero no sólo se trataba de patalear ante la injusticia. "Es que Alejandro quiere seguir estudiando, me ha preguntado todos los días de este verano si iba a poder volver al instituto", apunta Carmen y Alejandro lo confirma asintiendo. "Yo soy su voz", dice esta madre guerrera. Pero él fue quien tomó la decisión de seguir adelante, de emprender acciones judiciales y poner a su nombre la denuncia. "Alejandro interpuso un recurso de alzada y se solicitaron medidas cautelares por vulneración de derechos fundamentales", comenta Carmen. Y agrega que "el juez lo que ha dicho ha sido que la espera de la sentencia sería una pérdida de tiempo y un daño irreparable y que hay que favorecer la formación de las personas con discapacidad".

"A mi esto lo que me da es mucha vergüenza, que por tener un papel que ponga diversidad funcional se le quiten sus derechos", sostiene Carmen Morales. "Ha supuesto mucho desgaste, pero como esto lo llevamos en el lote, parece que te da una energía que hasta te rejuvenece", añade la madre de Alejandro. Él la observa con admiración y sonríe satisfecho cuando, después de varias vueltas por la Delegación de Educación, se zanja el asunto. Hoy Alejandro ha vuelto a vencer. Hoy se sentará de nuevo junto a sus compañeros.