Los nombres malagueños del juez Garzón

La novena fosa abierta en el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, excavada donde estaba el patio civil destinado a los que, decían, morían sin estar en gracia con Dios, ha deparado sorpresas al equipo encargado de exhumar los restos de los fusilados durante la Guerra Civil y la represión franquista. Las muñecas de algunos asesinados están cruzadas y amarradas con alambres. Sabían lo de las ataduras por los testimonios orales, pero hasta ahora no había pruebas físicas pese a los 2.300 cuerpos recuperados. "Creemos que en los otros casos se hicieron con cuerdas que no han aguantado el paso del tiempo", explica Andrés Fernández, arqueólogo codirector de la excavación.

Los represaliados eran ejecutados en la entrada del camposanto y trasladados a las fosas sobre parihuelas. Está documentada la existencia de 4.343 víctimas en la fosa de San Rafael, la más grande excavada en toda España. Los crímenes no cesaron desde el día antes de que las tropas nacionales entraran en Málaga, a principios de febrero de 1937, hasta el año 1956. Eso también lo atestiguan los papeles consultados en el Registro Civil, el Archivo Histórico Provincial y el juzgado militar togado, que informan, además, de la existencia de por lo menos 18 tumbas. De momento, las exhumaciones han concluido en siete y hay otras dos abiertas en la esquina suroeste del cementerio, visitada a diario por los familiares de los muertos, por hijos y nietos con padres y abuelos asesinados con el tiro de gracia.

La cifra de víctimas -la mayoría son varones, pero hay cerca de un 20% de mujeres- puede aumentar, no está cerrada. De eso es consciente el equipo que trabaja desde octubre de 2006 en San Rafael, capitaneado por el profesor de la UMA Sebastián Fernández. Pero la Asociación contra el Silencio y el Olvido para la Recuperación de la Memoria Histórica, presidida por Francisco Espinosa e impulsora del proyecto para enterrar dignamente a las víctimas de Málaga, ya ha entregado al juez Baltasar Garzón los 4.343 nombres y apellidos documentados.

Y no son los únicos. Sobre la mesa del magistrado de la Audiencia Nacional se encuentra también el listado con los 2.951 desaparecidos -estimación a la baja- que se han podido rastrear en el resto de la provincia. El dato ha sido compilado por la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica de Andalucía (Agemha), que está personada en las diligencias abiertas por el juzgado Central de Instrucción número 5 para recabar información y determinar si el 18 de julio de 1936, el día que el ejército de Franco se alzó contra el Gobierno republicano, se desencadenó un genocidio en España.

La historiadora Raquel Zugasti es una de las investigadoras encargadas de recopilar la información sobre Málaga para este colectivo. Por ahora se ha logrado establecer la existencia de 74 fosas en 53 municipios, además de la inmensa cavada en San Rafael y de otra que existe, según fuentes orales, en la Colonia de Santa Inés. "Sabemos que hay una en esta zona, pero no hemos sido capaces de precisar dónde está por los cambios urbanísticos que se han producido", explica Zugasti. El auge de la construcción durante los últimos años entorpece el trabajo y corta las esperanzas de señalar con exactitud dónde se abrieron las tumbas en las que se enterraba a los fusilados.

Esto ha ocurrido con una de las fosas de Fuengirola, perdida bajo la tierra de un antiguo cementerio reconvertido en aparcamiento, según la historiadora. En Alfarnatejo se sabe de la existencia de una junto a un río, pero nada más. Zugasti aclara que no siempre es así. En Humilladero y en Antequera, por ejemplo, las fosas comunes donde reposan los restos de las víctimas están perfectamente delimitadas, junto a la tapia del cementerio y en un espacio ajardinado, respectivamente, y alguna placa los recuerda. "Lo bueno es que se sabe que están ahí y eso no se va a tocar".

¿Da por terminada la investigación? Asegura que no. Aún falta por recopilar información en algunas localidades de la comarca de Antequera, donde ha habido problemas para acceder a los documentos, y el goteo de gente que pide ayuda para localizar a un familiar desaparecido durante el franquismo es constante. "El 7 de mayo cerrábamos porque había que enviarle los datos a la Junta y vimos una esquela en un periódico de una fosa en Villanueva de la Concepción; no teníamos ni idea", relata Zugasti para ilustrar por qué no da por concluido el estudio.

El trabajo es laborioso, pueblo por pueblo para consultar los archivos municipales, los libros de defunciones de los registros y escuchar testimonios de familiares y de los más viejos, algunos de ellos testigos del horror. Los papeles, sin remedio, dejan la huella de lo ocurrido y lo sufrido, como el expediente contra Juan Franco Ramos y otros por un delito de rebelión militar, causa abierta más de dos años después de que fuera fusilado en Álora.

"Puede que hayan surgido recelos, pero al final siempre te atienden", dice la historiadora. "Recuerdo un hombre en Comares que había trabajado para la administración franquista y que nos contó todo lo que pasó en el pueblo, que si a uno lo molieron a palos en la cárcel, que si... Era capaz de verlo con distancia". De todas las sensaciones vividas durante el trabajo de investigación, Zugasti hace un balance positivo, porque "ves mucho sufrimiento y mucho dolor, pero el dolor se positiva y lo que se intenta es inculcar valores", afirma.

Hay más nombres de muertos en Málaga. Los 2.894 presentados el lunes por la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía y la Confederación General del Trabajo (CGT), personadas también en la causa del juez Garzón y promotoras de www.todoslosnombres.org, base de datos de represaliados del franquismo. En total, son más de 10.000 nombres de fusilados y desaparecidos en Málaga, muchos de ellos malagueños, pero muchos también procedentes de casi todas las provincias españolas y de otros países. Pero Cecilio Gordillo precisa: "Puede haber nombres que se repiten en los distintos listados que mandan las asociaciones, hay que tener en cuenta que pueden estar duplicados e incluso triplicados, de ahí la necesidad de elaborar una base de datos y el juez Garzón es quien tiene todos los nombres".

Comparte la idea de que es "imposible" dar una cifra exacta porque cambia continuamente. Antonio Somoza, también de la CGT, opina igual y afirma que los datos "no están cerrados". Remite al libro La Guerra Civil Española del historiador británico Antony Beevor, que habla de un informe elaborado por el cónsul británico en 1944 con estadísticas del ejército sublevado. Según este documento, la primera semana de control de las fuerzas nacionales, fueron ejecutadas 3.500 personas; y entre el 15 de febrero de 1937 y el 25 de agosto de 1944, otras 16.952 "fueron condenadas a muerte y fusiladas en Málaga". Habría que añadir, apunta Somoza, las víctimas de la huida hacia Almería.

En San Rafael hay 4.343 con nombres y apellidos. Sus cuerpos será exhumados y reposarán en paz en un panteón común del futuro parque. Así lo han querido las familias, que luchan por la dignidad y el respeto de sus muertos. Los expertos reclaman también mayor implicación de las instituciones públicas.