La Audiencia devuelve a Coín el caso Troya para que el juzgado cuente los folios

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, a la que por turno de reparto le ha tocado en principio juzgar el caso Troya contra la corrupción en Alhaurín el Grande, ha devuelto la causa al juzgado de Coín para que enumere los folios que la componen.

El asunto no es baladí, puesto que si el procedimiento tiene más de 25.000 folios, a efectos de distribución interna, se consideraría de tipo tres y en esas circunstancias previsiblemente le tocaría a otra sala asumir este juicio. A esta categoría de procedimientos pertenecen tanto los que tienen más de 25.000 hojas como aquellos en los que figuran más de 15 imputados. A falta de conocer con exactitud el número de páginas del caso Troya, por el momento el único hecho constatado es que en Troya están imputadas 20 personas, entre ellas el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos técnicos y 16 promotores.

La Sección Segunda, además, tiene ya experiencia con los problemas que suscita en la vista oral la falta de numeración de los folios, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el juicio por el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales. En este macrojuicio, además, el tribunal que preside el magistrado Federico Morales también se mostró contrario a las normas de reparto de la Audiencia y a la adjudicación de la causa a esta sección. En aquella ocasión llegó a plantear una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que finalmente no fue atendida.

La Fiscalía atribuye a Martín Serón cinco delitos continuados de cohecho porque presumiblemente recibió comisiones ilegales por importe de 238.785 euros. Según el Ministerio Público, el dinero supuestamente lo recibía de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, quien se "encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios".

El fiscal reclama al alcalde cuatro años y medio de prisión, una multa de 500.000 euros y 11 años de inhabilitación por cohecho, además de otros ocho años de inhabilitación por prevaricación omisiva porque supuestamente hacía la vista gorda con los tejemanejes en el área de Urbanismo.

Para Gregorio Guerra, al que acusa de recibir 782,445 euros en comisiones, exige cinco años y medio de cárcel y 1,6 millones de multa, además de 11 años de inhabilitación.