Juzgan a tres vigilantes de seguridad por comprar los títulos de la ESO

Tres vigilantes de seguridad serán juzgados por un delito de intrusismo porque presumiblemente compraron los certificados de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que después utilizaron para obtener la habilitación oficial como profesionales de la seguridad privada. Los hechos han sido investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 y aunque hasta el momento son tres los escritos de calificación que ha emitido la Fiscalía hay algunos procedimientos judiciales más abiertos. En todos los casos los imputados adquirían el título falso a una misma persona, Manuel C. F., que en esta causas está citado únicamente como testigo, aunque contra él hay abierto otro procedimiento judicial por presunta falsificación de documentos.

La primera acusada es Mercedes M. quien, según la Fiscalía, supuestamente pagó 600 euros por un título de graduado en educación secundaria, que después "presentó en la unidad de seguridad privada de la Comisaría Provincial de Málaga para la obtención de la habilitación como vigilante de seguridad". Esta autorización administrativa para ejercer de vigilante la consiguió el 29 de diciembre de 2003 y desde entonces ha trabajado en una de las grandes empresas del sector.

El segundo acusado es Alejandro P., quien presumiblemente entregó en 2003 a Manuel C. 920 euros por otro título de la ESO que también utilizó para conseguir que la Comisaría Provincial de Málaga lo habilitara como vigilante de seguridad. Esta habilitación la logró en julio de 2007 y desde esa fecha ha estado empleado en una empresa nacional de seguridad, según el fiscal.

Finalmente, también ha sido acusado José M. quien siguiendo el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en 2003 pagó 721 euros a Manuel C. por otro título de graduado en ESO que, al igual que ocurrió en los casos anteriores, fue utilizado para que la Policía Nacional lo habilitara como vigilante de seguridad, profesión que ha ejercido "hasta al menos 2009". El Ministerio Público califica estos hechos como constitutivos de un delito de intrusismo profesional porque supuestamente se dedicaban a una actividad para la que no tenían las acreditaciones académicas mínimas exigidas. Por este delito pide para cada uno de los tres acusados cuatro meses de multa a razón de 12 euros diarios.