Hablando claro

SOBRE la crisis que estamos padeciendo se han escrito miles de artículos y libros y se han dictado miles de conferencias. Nos encontramos ante un artículo más, que como todos, debe tener una nueva aportación al tema. En este caso pretendo en pocas líneas comentar cuál ha sido el origen, cuáles las soluciones y quién sale perjudicado y beneficiado con cada una de ellas. Ahí es nada. A cambio de abarcar tanto, tengo que simplificar, y mucho, por lo que pido perdón por anticipado. Eso sí, hablaremos lo más clarito posible.

El origen de la crisis es la burbuja inmobiliaria que se generó en la segunda mitad de los 90 y la primera de los 2000. En EEUU se realizó mediante las hipotecas subprime, por lo que, además de los bancos, los culpables fueron las agencias de rating que le daban la máxima calidad crediticia a lo que no era más que basura financiera. En España no necesitamos instrumentos financieros tan sofisticados para hacer exactamente lo mismo. Hipotecamos viviendas a personas que no podían pagarlas, con tasaciones infladas, superando el 80% del valor tasado, y el ratio de esfuerzo del prestatario, y además, a tipos de interés mínimos pero variables, por tanto, activando toda una bomba de relojería en regla.

El estallido de la burbuja tuvo dos consecuencias, a cual más importante. La primera de ellas es que todos los activos financieros que soportaban nuestro nivel de vida (los activos inmobiliarios) reducen su valor, lo recojan o no los precios. La segunda consecuencia, quizás más dramática, es que la burbuja destruyó gran parte de la actividad económica no inmobiliaria y el capital humano disponible. Los jóvenes se vieron incentivados, vía sueldos mejores y poca calidad del sistema educativo, a abandonar su formación. Por tanto, unidas las dos consecuencias descritas, ni podemos apoyarnos en el sector inmobiliario, ni podemos cambiar el modelo de crecimiento, como nuestro Gobierno pretendía hacer ilusamente mediante una ley. Los culpables fueron, por tanto, los bancos, las agencias de rating, en nuestro caso, el Banco de España y no se me olvidan los políticos que, en el mejor de los casos miraron hacia otro lado.

¿Y ahora qué? Hablemos de soluciones. Por supuesto, educación, más pero sobre todo mejor. Pero, como es obvio, esto repercutirá en el medio y largo plazo. Mientras tanto, debemos sanear el sector inmobiliario, lo que implica sacrificios y sufrimiento para la sociedad en su conjunto, no podemos seguir disfrutando del mismo nivel de vida. Pero ya sabemos que no todos pagamos lo mismo, ¿verdad? Esto se puede hacer de dos maneras bien distintas (ya les comenté que iba a simplificar) y que van determinar quién se va a llevar la peor parte del ajuste.

La primera sería la que parece que está llevando a cabo nuestro Gobierno, ayudando mediante distintas fórmulas al sector bancario a mantener artificialmente altos los precios inmobiliarios, dejando que la inflación haga lentamente el ajuste de precios reales. Esto tiene consecuencias nefastas para la economía, pues las viviendas no se venden a precios acordes a nuestro poder adquisitivo, los potenciales compradores esperan a comprar, a sabiendas de que el precio debe seguir cayendo, aunque sólo sea por el descuento de la inflación, los bancos tienen que dedicar sus fondos a financiar el stock de viviendas supervaloradas y, por tanto, dejan de realizar su función de financiar al resto de empresas y consumidores. Los perjudicados son los que buscan empleo, los que están en riesgo de perderlo, los que aspiran a comprar una vivienda, los que pretenden financiación para su negocio o para abrir uno nuevo y, en general, toda la sociedad.

La segunda alternativa es justo la contraria, no ayudar a mantener artificialmente altos los precios inmobiliarios. Permitir que se ajusten la oferta y la demanda sin ayudas externas como el FROB, la valoración irreal de balances de los bancos, etc. Esta estrategia permitiría que el círculo vicioso descrito en el párrafo anterior se convierta en un círculo virtuoso, los compradores de viviendas comenzarían a adquirirlas a precios razonables, lo que animaría la oferta y por fin los bancos podrían dedicarse a financiar actividades productivas. Pero claro, esta política tiene sus sacrificados, a saber, los bancos que tienen que reconocer sus pérdidas, los promotores e inversores que especularon en el cénit de la burbuja y, en general, todos los propietarios de viviendas que verán disminuidos su patrimonio. Pero, ¿qué quieren que les diga?, los bancos no está mal que expíen parte de sus culpas, si se tiene(n) que ir alguno(s) al garete, que se vayan, el Gobierno se debe limitar a asegurar los depósitos. Contra los especuladores no tengo nada en contra, pero, eso sí, si se equivocan que asuman las consecuencias, que si no es así, es muy fácil especular. Y para los propietarios de viviendas, si su compra fue para vivir en ellas y no para especular, su perjuicio es muy limitado y además recuperable en el tiempo.

Y ahora permítanme que les traslade una duda que no consigo despejar (llámenme ingenuo) ¿Por qué un gobierno autodenominado progresista opta por la primera alternativa? ¿A quién defiende? ¿Por qué?