Sanidad para todos (I)

DESDE hace cierto tiempo venimos oyendo comentarios acerca de la imposibilidad de mantener el nivel de sanidad pública que hemos conseguido. Con el pretexto de escasez de recursos a consecuencia de la crisis, se nos intenta convencer a los ciudadanos de la necesidad de introducir recortes en su sostenibilidad. Otras voces más retrógradas todavía comienzan a hablar sin tapujos de la implantación del copago, si quieres médico, llévate unos euros, panacea que, según claman, permitiría por un lado reordenar los flujos dinerarios y disminuir la frecuencia de las consultas al tener que abrir el bolsillo; y, por otro, hacernos partícipes del costo y concienciarnos con más severidad del empleo racional de los recursos.

Probablemente estos tiempos convulsos, propiciados por el avance de la derecha, las parálisis institucionales y últimamente las movilizaciones del 15-M y afines, nos están desviando de problemas inmediatos y graves como el de las miras de un PP de revisar con sus peculiares medidas el estado de bienestar al que hemos llegado en los últimos años y uno de cuyos pilares está constituido precisamente por el servicio nacional de salud. Valcárcel Siso, el presidente de la comunidad murciana, una de las figuras señeras del PP, rompió el fuego hace unas semanas al relacionar la sanidad con la cartera del usuario o copago, para a continuación, obedeciendo a la imposición de silencio de su partido, salir por las peteneras de que de lo dicho no hay ná. Pero ahí queda eso. Es llamativo también que lo primero que surge en Cataluña, tras la vuelta al gobierno de CiU, sea el tema sanitario. Después del esfuerzo del gobierno de izquierdas de intentar controlar el universo de la salud pública a partir del mayor control de las mutuas y de la influencia de determinados profesionales de la gestión, surge la contestación trayendo a discusión la sostenibilidad del sistema, sin desaprovechar por eso la ocasión de situar como responsables del mismo a gente formada en el mundo de las mutuas o, lo que es igual, de brindarle al zorro la oportunidad de guardar las gallinas.

En el pasado mes de abril, se cumplieron 25 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad -14/1986- por la que se crea nuestro sistema nacional de salud, que ha sido uno de los legados de mayor importancia que nos dejó el primer gobierno socialista de Felipe González. Esta Ley, promovida por Ernest Lluch, puso en marcha la reforma y modernización de la sanidad española, consagrando los principios de universalidad y financiación pública a través de impuestos, trascendental para asegurar el papel de pilar básico del estado de bienestar a desempeñar por el sistema sanitario dentro de la sociedad española.

Sobresale en sus fines un objetivo prioritario: sustituir la caridad por derechos, vinculando la protección sanitaria a la condición de ciudadano. Permitió que más de siete millones de españoles, de un total de 30, hasta entonces excluidos de la sanidad pública, se incorporaran al sistema nacional de salud.

Para ello, tuvo que aumentarse de manera considerable los recursos. Así, durante los primeros gobiernos socialistas el porcentaje del PIB destinado a la sanidad pública pasó del 4,3 al 5,9%, consiguiendo una sanidad para todos, donde aportaban más los que más tenían, mediante un sistema fiscal progresivo. Actualmente estamos en el 6,5% del PIB, aproximadamente.

Aprovechando el mapa descentralizado las competencias fueron transferidas pronto a las CCAA, primero a las históricas, entre ellas Andalucía, y posteriormente, de un modo progresivo, al resto. Esa descentralización nos ha permitido acercar la sanidad pública a las necesidades reales de los ciudadanos, haciéndola compatible con los principios de equidad, accesibilidad, solidaridad, coordinación y cohesión que la definen.

En estos años, Andalucía ha pasado de tener centros sanitarios ubicados solamente en las grandes capitales a disponer de una red hospitalaria de envergadura. Otro hecho significativo ha sido el de la mejora de las condiciones de nuestros profesionales. Quién no recuerda los viajes a Madrid o Barcelona para ver a especialistas de renombre con tecnología de la mejor calidad o, incluso al extranjero los más afortunados, aquéllos que podían permitírselo por su desahogo económico. Actualmente tenemos centros sanitarios homologados y equipos médicos de los mejores y una infraestructura sanitaria muy completa, con facilidades y tecnologías en los diversos núcleos de población por pequeños que sean.

El número de hospitales ha pasado de uno por provincia, en algunos casos dos, aunque era difícil denominarlos centros sanitarios por su obsolescencia, a 47 en 2010 más 40 centros de especialidades, siempre con la equipación adecuada, y varios con departamentos de investigación de prestigio. Por la dispersión geográfica, puede afirmarse que todos los andaluces están a menos de media hora de un hospital por muy alejados que se encuentren sus domicilios o lugares de trabajo.

El valor añadido con la política de formación e investigación nos ha colocado en el mapa del progreso de la medicina con escuelas punteras de preparación del personal sanitario y con proyectos como células madre, trasplantes, oncología, alta cirugía, cirugía laparoscópica etc., de la máxima notoriedad.

Todo eso se ha conseguido gracias a las políticas socialistas, al empuje de los profesionales sanitarios y al concurso de nuestros ciudadanos.