La lacra que no cesa

LA violencia doméstica costó la vida a 18 mujeres en Andalucía en el año 2006. En 2007 se aprobó la ley andaluza de prevención y protección integral contra la violencia de género. Las muertes violentas bajaron a 8, 9 y 14 en los años inmediatamente siguientes a la entrada en vigor de la ley, pero volvieron a subir, y en 2010 hubo 17 víctimas.

Lo cual quiere decir que, como se ha repetido tantas veces, no basta con poner en marcha una ley o reformar el código penal para acabar con un problema de profundas raíces culturales y sociales. La lacra del maltrato a la mujer en el hogar ha de combatirse, claro está, con medidas represivas contra los agresores y protectoras de las víctimas, pero ni ambas juntas resultan suficientes.

Y eso que en materia represiva se ha desplegado una amplia batería de medios. Se han incrementado las penas para los violentos y, por otro lado, las mujeres asumen de modo creciente su derecho a denunciar a pesar del riesgo cierto que eso les supone. Durante el último ejercicio completo, el de 2010, fueron más de 27.000 las mujeres andaluzas que presentaron denuncias en los juzgados de la comunidad autónoma. Comoquiera que las denuncias falsas resultan ser anecdóticas, aunque llamativas e impactantes, eso quiere decir que el problema es especialmente grave. Son veintisiete mil familias que, de una u otra forma, están viviendo un infierno, y en sólo un año. No hay que alarmarse de que aumente el número. No significa que la violencia esté incrementándose. Significa que se incrementa la conciencia de una situación intolerable. Simplemente, se denuncia mucho más que antes. No hay más maridos/compañeros que maltraten a sus parejas, sino más mujeres que rompen el muro de silencio que les ha hecho conformarse tradicionalmente. Es un avance.

Por el contrario, los datos de la Junta de Andalucía registran una reducción del número de órdenes de protección dictadas por los jueces a petición de mujeres agredidas. Pasaron de 5.287 en 2009 a 4.335 en 2010. ¿Menos sensibilidad judicial ante los mismos hechos? No lo parece. Más bien, que los jueces se ven obligados a valorar los riesgos de cada situación denunciada, pero también la existencia de medios policiales encargados de velar por su cumplimiento. De todos modos, la Fiscalía especial dedicada a la Violencia sobre la Mujer contradice estas cifras, ya que computa también las protecciones dictadas por juzgados ordinarios, mientras que la Junta se ciñe a las procedentes de juzgados de género.

De todos modos, insisto, el dispositivo jurídico y material que la sociedad española ha dispuesto no es suficiente frente a unas prácticas que vienen de siglos. El machismo no se cura a corto plazo.