El recorte era esto

EMPLEADOS públicos y clases medias serán los grandes paganos del drástico recorte aprobado ayer por el Gobierno andaluz en cumplimiento del objetivo de reducción del déficit público para dejarlo en el 1,5% del Producto Interior Bruto durante este año. Talmente como en los recortes anteriores.

Decidido a que el ajuste no afecte en lo fundamental a la educación (no suben las tasas universitarias ni aumenta la ratio de alumnos por aula, aunque sí lo hacen las horas lectivas del profesorado) ni a la asistencia sanitaria, el Gobierno de socialistas e Izquierda Unida le ha dado un nuevo tajo a las retribuciones de los empleados públicos y ha planeado incrementar los ingresos de la Junta con otra vuelta de tuerca a los impuestos.

Es discutible que sea más "social" mantener la gratuidad universal de los libros de texto, el bajo coste de las matrículas universitarias o algunas prestaciones del sistema público de salud que preservar el poder adquisitivo de los 260.000 funcionarios y empleados públicos que ya fueron golpeados antes, en el recortazo de 2010. Se consolida la idea de que trabajar de manera estable para la Junta constituye un privilegio por el que se debe pagar un precio. Funcionarios y personal laboral verán reducidos sus salarios y empeoradas sus condiciones de trabajo -lo notarán en la no percepción de complementos en la paga extra de junio-, mientras que los interinos ganarán un 15% menos a cambio de cubrir una jornada laboral inferior en el mismo porcentaje. En plan ejemplarizante, presidente y consejeros se rebajarán un 5% sus sueldos.

También se ha trabajado la Junta el otro pilar de su vocación socialdemócrata: la subida de impuestos, dentro de los límites en que la Administración regional puede actuar. Se eleva una vez más la tarifa autonómica del IRPF para los ingresos superiores a 60.000 euros -otro tópico: a partir de esa renta ya te consideran rico-, se grava más el patrimonio, la venta de carburantes, los actos jurídicos documentados y las máquinas tragaperras. Conviene no obviar que a cambio de aliviar las arcas públicas con menos de 300 millones de euros esta mayor presión fiscal, como todas, disminuye las rentas de las personas y, con ellas, su capacidad de ahorrar y de consumir. Malo para la reactivación económica que se persigue. Tampoco ayudará que se haya congelado la inversión pública en obra nueva, salvo en casos excepcionales.

El vicepresidente Valderas se ha sentido obligado a aclarar que el recorte salarial será temporal, hasta que se produzca una recuperación de la economía (calendas griegas) y a sugerir la posibilidad de llamar al pueblo andaluz a "una gran movilización social"... contra las políticas de Bruselas y del Gobierno central.