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La tribuna
HACE tan sólo unos meses cerrábamos la VIII legislatura. Una legislatura que lo ha sido del compromiso con la igualdad y cuya traducción jurídica más importante tiene nombre de Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres. Nos encontramos a todas luces en una nueva etapa y en el horizonte de la lucha contra la desigualdad contamos ahora con más y mejores herramientas. Las políticas de igualdad en España están alcanzando el máximo rango legal que una sociedad puede otorgarles. Han proliferado desde 2005 las estrategias y sistemas de información elaborados desde la perspectiva de género, también en el terreno de la seguridad y la salud laboral. Y todo ello en un marco favorable donde la legislación europea ha aumentado el nivel de protección contra la discriminación en toda la UE, que ahora es una nueva competencia de la Comunidad.
Pero no todo está hecho. En el ámbito europeo y en el nuestro propio observamos escasos avances en la corrección de desigualdades de poder entre hombres y mujeres que producen desigualdades de salud, especialmente de salud laboral. Como señalan las profesoras Cantero y Papí de la Universidad de Alicante, el que las mujeres tengan menos poder que los hombres en la mayoría de las esferas de toma de decisiones de la sociedad influye en las desigualdades de salud. La diferencia de géneros tiene una clara repercusión en materia de salud laboral. De la segregación horizontal y vertical de las mujeres en el mundo del empleo resulta un riesgo de accidentes de trabajo entre ellas tres veces menor que en los hombres. Sin embargo, las mujeres padecen más del 60% de las enfermedades profesionales registradas. También la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo ha alertado sobre la incidencia de algunos riesgos laborales que van incrementándose, especialmente sobre las mujeres y otros grupos vulnerables como los jóvenes y las personas con empleos precarios. El exceso de trabajo, sus consecuencias sociolaborales y determinados factores biológicos subrayan la necesidad urgente de adoptar estrategias específicas en materia de tratamiento y prevención.
Los riesgos laborales afectan de forma diferenciada a hombres y mujeres en determinadas circunstancias y casos, por lo que resulta pertinente la perspectiva de género en materia de salud y seguridad en el trabajo. Los llamados enfoques neutros no han favorecido la prevención de riesgos laborales que padecen las mujeres, sobre las que, además de los riesgos comunes, planean otros específicos como los psicosociales, el acoso sexual, etc. Se trata de una asignatura pendiente en el tema de la igualdad: el enfoque de la perspectiva de la igualdad de género en el mundo laboral. ¿Es posible que estemos descuidando los riesgos laborales para la salud de las mujeres en comparación con la de los hombres?
Hemos avanzado en materia de investigación. La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en la anterior legislatura, que instaba al Gobierno a introducir la perspectiva de género en las líneas de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, especialmente en lo relativo a la prevención de riesgos laborales, ha tenido unos resultados satisfactorios en lo que se refiere a la reorientación de los indicadores que elabora el propio instituto. Incluso en los estudios propiciados por el Observatorio de la Salud de la Mujer se abre paso la investigación y seguimiento de la incidencia específica de los riesgos laborales. Pero aún nos queda camino en materia de definición de las políticas de prevención. Y quiero llamar la atención sobre este punto en un momento de especial interés. En un momento en el que la Junta de Andalucía ha desplegado una acertada campaña sobre prevención de riesgos, que ha culminado en estos días con la inauguración en Granada de un novedoso Pabellón de la Prevención. Ahora se trabaja en la elaboración de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2009-2012, cuyo borrador contiene un amplio repertorio de propuestas y medidas encaminadas a desarrollar la cultura de la prevención. En el mismo, merece destacarse el empeño por incluir la prevención en la educación de base y, como reclama el filósofo Marina, su incorporación al conjunto de normas éticas que gobiernan nuestra sociedad.
Podemos ir más lejos. La incorporación de la perspectiva de género en los documentos que definen las políticas públicas sobre salud y seguridad laboral no sólo es aconsejable, sino necesaria. En su día, echamos en falta esta dimensión específica en el documento de la Estrategia Española 2007-2012. Ahora tenemos una buena ocasión para incorporar esta perspectiva en la estrategia andaluza. Para establecer, desde Andalucía, un enfoque diferente del problema de la desigualdad y su tratamiento en materia de prevención.
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