La polémica de los chiringuitos

ES difícil encontrar un asunto en que el Gobierno central haya actuado con mayor torpeza como con la teórica aplicación de la Ley de Costas a los chiringuitos por parte del Ministerio de Medio Ambiente para sacar estas instalaciones de ocio de las playas. Más si cabe porque hablamos de la aplicación de una norma que se ha mostrado en algunos aspectos inviable durante las dos décadas que lleva promulgada y que de llevarla a la práctica, tal como indica su enunciado, supondría asestar un duro golpe a la industria turística andaluza. Es difícil encontrar una explicación razonable al porqué de iniciar en estos momentos una guerra contra estas típicas construcciones que forman parte incluso de la seña cultural andaluza. Vivimos en un periodo de crisis económica y hay que evitar en lo posible cualquier anuncio negativo gratuito que pueda perjudicar un sector tan sensible como el turístico. Las extemporáneas amenazas las inició el pasado 23 de marzo el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín. Sus afirmaciones de entonces han recibido un aluvión de críticas, incluso desde la propia Junta de Andalucía y con el presidente Chaves a la cabeza, que han obligado a Medio Ambiente a buscar una retirada táctica. La propia ministra, Elena Espinosa, puntualizaba esta semana en el Congreso que defiende la ley, como no podía ser de otra forma, pero que no causarán daño a estas empresas, que sólo en la provincia de Málaga emplean a 20.000 personas. La nueva vía abierta parece más razonable. El Ministerio elaborará un estudio para conocer caso por caso la realidad de cada chiringuito, los futuros planes de ordenación de los ayuntamientos costeros y su posibilidad de integrarlos en los paseos marítimos, como por ejemplo se ha hecho ya en el litoral oeste de la capital. Lo mismo sucederá con los llamados beach de lujo de algunos complejos hoteleros. Esta salomónica decisión permitirá despejar con urgencia la polémica creada artificialmente al comienzo de la temporada de baños. Es cierto que la ley de Costas no permite construcciones dentro de los cien primeros metros de dominio marítimo-terrestre. También que hay chiringuitos que invaden de forma notable y sin motivo aparente las riberas del mar e incluso que algunos de ellos no reúnen los requisitos para prestar un servicio adecuado al público. Pero todas estas deficiencias se pueden resolver con la colaboración de los ayuntamientos y sin levantar sospechas sobre estas decisiones tomadas desde Madrid, que no tiene playa.