Modificaciones a la Ley Electoral

LAS voces que claman por una reforma de la Ley Electoral no son nuevas, aunque desde hace dos semanas sean más numerosas. Bienvenidas. Más que beneficiar a algunos partidos, la necesidad de estos cambios viene impuesta por el perjuicio que provoca en muchos. Tomando como ejemplo los resultados de las últimas Elecciones Generales, cuatro partidos (PSOE, PP, PNV y Na-Bai) obtienen una representación en el Congreso de los Diputados superior a la que le corresponde por votos, en detrimento de los otros seis. Por otro lado, sólo cuatro formaciones son de carácter nacional, y seis, nacionalistas o regionalistas. Éstas, curiosamente, lo tienen más fácil para entrar en las instituciones nacionales que las que se presentan en todo el país. Nuestra vida política nacional depende, paradójicamente, de quienes menos creen en ella.

Además de los cambios necesarios en la forma de asignar la representación, la fórmula de reparto no es proporcional y el establecer que sólo aquellos partidos que obtengan una representación mínima (umbral electoral, normalmente, del 5%) es una barrera que cada día tiene menos sentido. Por último, los votantes se ven obligados a elegir a personas impuestas por una lista ordenada, en la mayoría de los casos, según el interés de las estructuras de los partidos.

Empezando por lo último, sólo en Portugal, Italia y España (los dos últimos, como todos sabemos, modelos de comportamientos éticos intachables en la política) se mantienen los sistemas de listas cerradas y bloqueadas, con excepción del Senado en el caso de España. Los españoles no tenemos capacidad de decidir si una persona colocada en una lista es de nuestro agrado o no, ni, mucho menos, tenemos la opción de decidir un orden de preferencia distinto del que aparece en la lista. Desde luego, ninguna de las personas de la papeleta de voto tiene que asumir responsabilidad individual alguna, estableciéndose entonces una de las mayores paradojas de nuestro sistema representativo: es propietaria del acta, pero ha sido elegida en grupo cerrado.

Respecto de lo primero, ha sido el Consejo de Estado quien se ha pronunciado sobre la necesidad de introducir un cambio en la fórmula de reparto (actualmente, el sistema D'Hont), para hacerlo más proporcional. Y, en el mismo Informe, se propone la eliminación del umbral electoral por circunscripción, por carecer de utilidad práctica.

Toda esta teoría, ¿tiene consecuencias de orden práctico? En el caso de Málaga, sí, desde luego. En un sistema electoral sin umbrales y proporcional, cada concejal costaría en Málaga exactamente lo mismo para todas las formaciones que se han presentado, una cuota de 7.544 votos. El PP habría vuelto a ganar por mayoría absoluta, pero en lugar de con 19 concejales, con 17. El PSOE obtendría 8 e IU, 4, y habrían entrado en el Ayuntamiento dos partidos más, UPyD y Los Verdes.

¿Por qué es injusto el sistema actual? La cuarta formación política por número de votos ha obtenido 8.099, y ningún concejal, mientras que el PP ha obtenido sus últimos cuatro concejales con un número de votos inferior a esta cifra (7.828, 7.273, 6.869 y 6.508), y el PSOE, dos (7.155 y 6.360). Se han aprovechado del umbral electoral para apropiarse de concejales que no les corresponden, arrebatando, además, a IU uno de los suyos. Como las divisiones del número de votos por la cuota no da divisiones exactas, los concejales restantes se asignan por los restos de mayor a menor, y eso permitiría la entrada de Los Verdes. Así, cuadran las cuentas.

Con todo, lo más significativo de estas últimas elecciones es el incremento de los votos en blanco o nulos. Los segundos no se tienen en cuenta a la hora de asignar representantes, pero sí los primeros. Un aumento de votos en blanco hace que los partidos más pequeños tengan más dificultades a la hora de superar el umbral, lo que, a la larga, beneficia a los partidos mayoritarios. En comicios anteriores la cifra no ha sido reseñable, pero sí en las elecciones pasadas: se ha convertido en la quinta opción de los malagueños, con 5.443 votos. En nuestro sistema electoral, los votos en blanco no obtienen representación, pero si así fuera, el resultado no deja de ser sorprendente: en este hipotético sistema que los considerase, proporcional y sin umbral electoral, habría una silla vacía en el Ayuntamiento, e IU perdería uno de sus concejales.

Los argumentos que se ofrecen para el mantenimiento del umbral son, a estas alturas de nuestra historia, carentes de todo sentido. Si bien se buscó la estabilidad de las primeras instituciones democráticas en España con menos partidos representados, se ha demostrado que la pluralidad no es peor que el bipartidismo, sino lo contrario. En la provincia de Málaga, la mayoría de ayuntamientos se constituyen con tres partidos, y en seis de ellos (Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Sierra de Yeguas, Torrox y Vélez-Málaga) hay cinco. Y, como le ocurrió al de Benalmádena en el pasado mandato, con seis partidos en su Pleno, sobrevivirán.

La reforma de la Ley Electoral es una cuestión de Estado, no una conveniencia coyuntural de unos partidos minoritarios o un movimiento social con acampadas. Y así se tendría en cuenta en una democracia occidental al uso, no en nuestra partitocracia.