Cártama dice que carece de presupuesto para los derribos de casas ilegales

El pasado mes de marzo un juzgado de Málaga instó al Ayuntamiento de Cártama a demoler una vivienda situada en suelo no urbanizable de protección especial e inundable, una orden judicial que abrió la puerta al derribo de otras 24 casas más situadas en la zona conocida como Dehesa Baja y sobre las que pesa una sentencia de restablecimiento de la legalidad urbanística desde 2008. De hecho, en abril el juzgado emitió un oficio en el que exigía la demolición de una segunda vivienda en la zona, lo que confirmó que el resto de viviendas correrían la misma suerte. El concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, aseguró que el Consistorio se va a limitar a ir acatando las órdenes conforme vayan llegando, pero siempre dentro de las posibilidades económicas del Ayuntamiento. Cada demolición, entre la elaboración del proyecto y la ejecución, tiene un coste de entre 6.000 y 7.000 euros, en función de la superficie, por lo que según el edil el Consistorio "no tiene capacidad económica" para costear las demoliciones de todas las viviendas sobre las que pesa la sentencia. Gallardo explicó que en la actualidad el Ayuntamiento, a la espera de la partida presupuestaria, "no puede asumir mucho más de tres demoliciones aproximadamente", por lo que cuando llegue el momento le comunicarán al juez que no puede afrontar los costes de los derribos.

En el último requerimiento judicial el magistrado avisaba al Ayuntamiento de que incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad si no procedía a la ejecución subsidiaria de la demolición en el plazo establecido. Es el Ayuntamiento el que debe asumir los costes de las demoliciones, aunque luego éstos repercuten en los propietarios.