Piden fiscalizar los convenios de Estepona de 2002 a 2006

Reivindicación/El 29 de diciembre de 2006 el Pleno del Ayuntamiento de Estepona aprobó una moción presentada por IU para que la Cámara de Cuentas de Andalucía precediera a fiscalizar todos los convenios firmados entre 2002 y 2006. Ayer, la Plataforma Sociocultural Rosas Rojas recordó este acuerdo plenario e instó a la Junta de Andalucía a dar prioridad a esta propuesta, después de que en el marco de la operación Astapa se haya destapado que "presuntamente, se vendían bienes por valor inferior al de mercado".

Según explicó el que fuera alcalde de la localidad, el socialista Miguel Castro, la Administración regional debe instar con urgencia a la Cámara de Cuentas "a que integre en su plan de actuaciones la fiscalización de tasaciones y convenios urbanísticos para apoyar la investigación y conocer el alcance del presunto perjuicio económico creado al pueblo de Estepona".

Concretamente, en el Pleno de 2006 se aprobó la fiscalización de los diferentes convenios urbanísticos que hubieran promovido la modificación del vigente PGOU, que data del año 1994, así como de aquellos que se cerraron a cuenta del futuro planeamiento. Del mismo modo, también se aprobó fiscalizar la enajenación de aprovechamientos municipales y el fin al que se destinó el dinero obtenido por estas ventas entre 2002 y 2006.

Según dijo Castro, "nosotros impugnamos los presupuestos de 2004 y estamos pendientes de resolución judicial porque entendíamos que todo el dinero que se obtuviera de la venta de suelo debía revertir en la construcción de viviendas públicas".

Miguel Castro aseguró que la propuesta del colectivo al que pertenece "coincide con lo manifestado por el consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, quien ha indicado que para detectar los delitos investigados en el caso Astapa habría que hacer una fiscalización".

La plataforma Rosas Rojas está constituida por militantes socialistas y miembros de la Ejecutiva local del PSOE surgidos de la disolución de la agrupación local de Estepona por oponerse en 1999 al nombramiento de Antonio Caba como candidato a la Alcaldía por parte de la Ejecutiva provincial del PSOE de Málaga.