El PP anuncia en Estepona que pedirá penas más duras para los delitos urbanísticos

Penas más duras para los delitos relacionados con la corrupción urbanística. Esa es una de las medidas que contempla la proposición no de ley que el PP presentará en el Congreso de los Diputados y que ayer explicó en Estepona la portavoz del PP en la citada cámara, Soraya Sáenz de Santamaría. Según la popular, "hay que tener mano dura con los que trincan. Tiene que haber penas graves para aquellos que cometan delitos, ya sean políticos o funcionarios, que de eso, en Estepona, también sabéis de unos cuantos".

Actualmente, están en prisión en el marco de la operación Astapa el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, así como dos concejales del PES, el jefe de gabinete de alcaldía y un técnico municipal. Además, hay cuatro concejales expulsados del PSOE en libertad bajo fianza, situación en la que también se encuentran abogados y empresarios de la ciudad. A todo esto hay que sumar los 15 imputados que ya han prestado declaración ante la policía y que la semana que viene lo harán ante la instructora del caso, Isabel Conejo. Entre ellos se encuentran el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), el alcalde accidental, Rafael Montesinos (PA), y la gerente de Urbanismo, Patricia Rojo, que es hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

Al margen del endurecimiento de las penas, la portavoz popular también anunció que en la proposición no de ley contemplan la puesta en marcha de un acuerdo nacional sobre la vivienda y el suelo "en el que todos, tanto políticos como profesionales del sector inmobiliario y financiero, pongamos los medios para acabar con el fraude y la corrupción".

También solicitarán los populares la dotación de más medios para que "la Fiscalía pueda perseguir, los jueces puedan condenar y la Agencia Tributaria pueda investigar", según Sáenz de Santamaría, a lo que añadió que se debe promover "que lo que sale de los Ayuntamientos porque lo trincan, vuelva a los Ayuntamientos en beneficio de los vecinos para hacer política social, asistencial y de vivienda. Para hacer mejores escuelas y más hospitales, porque es dinero de los vecinos que debe volver a ellos".

Por su parte el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, insistió en la necesidad de disolver el Consistorio y convocar nuevas elecciones y dejó claro que su partido "no quiere ostentar la alcaldía de Estepona a través de esta corporación municipal, si no que quiere hacerlo con los votos de los ciudadanos". Según dijo, "la no convocatoria de elecciones anticipadas le pasó factura al PSOE en Marbella y lo hará en Estepona si mantienen un gobierno bajo sospecha como consecuencia de pactos inconfesables".