Vecinos denunciarán al Ayuntamiento si regulariza las viviendas ilegales

Los vecinos afectados por las viviendas ilegales de la era GIL están en pie de guerra tras saber que el Ayuntamiento de Marbella pretende regularizarlas antes de que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por este motivo, diez comunidades de propietarios, que acudieron en su día a los tribunales para denunciar los inmuebles irregulares que se construían en sus proximidades, ya se han mostrado dispuestas a iniciar acciones legales contra el Consistorio en caso de que éstos se vean inmersos en el proceso de normalización. La abogada de estas comunidades de propietarios, Inmaculada Gálvez, explicó ayer que está elaborando un escrito que dirigirá al Ayuntamiento para hacerle saber que sus representados deben tener conocimiento inmediato de los expedientes de legalización que se abran a alguna de estas diez obras irregulares, ya que son partes afectadas en la causa. Una vez conozcan los trámites iniciados, los vecinos perjudicados por las tropelías urbanísticas del GIL los impugnarán por la vía contencioso-administrativa para evitar que las polémicas obras encuentren acomodo en el nuevo PGOU.

Entre las comunidades de propietarios dispuestas a emprender acciones legales contra el Consistorio se encuentran las de Los Monteros, Casablanca, Lomas de Marbella, La Carolina, Artola, Gran Marbella o Don Gonzalo.

Por otra parte, la plataforma en contra de los derribos de viviendas ilegales, integrada por más de 120 comunidades de propietarios, anunció ayer que van a presentar los escritos pertinentes para que sus inmuebles puedan regularizarse en los próximos meses. A pesar de que en el colectivo se encuentran vecinos de complejos residenciales como Banana Beach o Río Real que, a priori, no podrían acogerse a la legalización porque cuentan con sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que anula sus licencias, el portavoz de los afectados, José Ortiz, apuntó que lo van a intentar al igual que otras construcciones ilegales tan emblemáticas como el hotel Senator. En cuanto a quién debe realizar las compensaciones que se tienen que hacer para regularizar las casas, Ortiz cree que las responsabilidades deben recaer en los promotores o en los políticos que concedieron las licencias.

Asimismo, el PSOE denunció ayer que se están realizando unas obras de remozamiento en el hotel ilegal que se construyó junto al Hospital Costa del Sol, cuya licencia fue denunciada porque la parcela donde se levantó está calificada como parques y jardines en el nuevo PGOU.