Mijas revisa el PGOU para regularizar viviendas

Ordenación/Las viviendas irregulares se han convertido en el tema estrella de esta semana en Mijas. El pasado lunes los afectados solicitaron la paralización de los expedientes de derribo, mientras que el alcalde, Antonio Sánchez, saltó a la palestra el martes para afirmar que el municipio ya está realizando algunas medidas que se contemplarán en el decreto que prepara la Junta de Andalucía para normalizar la situación, como es el caso de la creación de un catálogo de construcciones.

Por todo ello, ayer se realizó un Pleno extraordinario, a petición del PP, en el que se plantearon medidas para poner una solución a esta problemática. En este sentido, el regidor mijeño explicó que ya se trabaja en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en los suelos no urbanizables, una medida que será un paso más para poner fin a esta situación. Esta innovación fue una de las solicitudes del PP, que contó con el respaldo de todos los grupos políticos, aunque Sánchez explicó que el inicio de este proceso "no tiene que traerse a Pleno".

"Quiero dejar claro que no todas las construcciones se van a regularizar porque será imposible hacerlo en aquellas que invadan el dominio público o que estén situadas en zonas de especial protección", aseveró Sánchez, a la vez que hizo hincapié en que los propietarios deberán hacerse cargo de los costes que correspondan. Así, el regidor también destacó que Mijas ya ha enviado a la Junta los datos de 3.000 de las 3.700 construcciones irregulares, de los que 500 son expedientes completos, un proceso que permitirá analizar las particularidades de cada caso.

En cuanto a la revisión, el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, dijo que se comenzará por las zonas próximas a los diseminados rurales, donde se concentran gran parte de estas construcciones. Asimismo, adelantó que hoy mantendrá una reunión con el redactor del PGOU para acelerar los trabajos.

La siguiente petición realizada por el PP fue la paralización de los decretos de demolición, una opción que fue rechazada por el equipo de gobierno. Sánchez indicó que si se tomase este camino se podría estar incurriendo en una "ilegalidad", al no especificar el tipo de construcciones, aunque adelantó que en lo que queda de legislatura no se llevará a cabo ningún derribo. En respuesta el edil popular, Manuel Navarro, apostilló que no se pide en ningún caso que se anulen los decretos sino una paralización, una opción que calificó como "perfectamente plausible".