La Junta allana el camino al hotel del puerto con un trámite ambiental corto

Málaga/El camino ambiental al que obligatoriamente ha de someterse la modificación urbanística que hará viable la construcción de un hotel de 135 metros de altura en el puerto de Málaga será mucho menos tortuoso de lo que podría pensarse. La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía acaba de dictaminar la necesidad de que el proyecto sea sometido a una evaluación ambiental simplificada, lo que acorta a cuatro meses el plazo en el que el órgano autonómico debe emitir su pronunciamiento. El calendario está muy lejos de los casi 18 meses de la otra posibilidad, la ordinaria.

La posición adoptada formalmente encaja con la petición que a principios del pasado mes de junio le hizo la Gerencia de Urbanismo, organismo que actúa en este caso como promotor del ajuste del planeamiento, y con los deseos tanto de la Autoridad Portuaria y de la empresa que seleccionada para la construcción y explotación del establecimiento.

No obstante, la propia legislación marca la necesidad de que el órgano ambiental someta el documento ambiental "a consulta de las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas", que dispondrán 45 días para manifestarse. Esta circunstancia abre la puerta a que, en función de las opiniones de estos actores "más especializados", pueda variarse la decisión ahora adoptada y se pueda elevar a ordinaria la tramitación ambiental, según confirmó a este periódico el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, Adolfo Moreno.

El informe que habrá de emitir Medio Ambiente dentro de esos cuatro meses será "preceptivo y determinante", puesto que será en ese documento en el que se concrete si la actuación debe ser sometida a una evaluación ordinaria "por tener efectos significativos en el medio ambiente o en el caso contrario dará por finalizado el procedimiento".

En pos de perfilar si será necesario o no profundizar en las afecciones del edificio, el delegado dijo que se va a demandar opinión a las delegaciones de Cultura y Turismo de la Junta, a Ecologistas en Acción, al Centro de Estudios del Paisaje y del Territorio, al Colegio de Arquitectos de Málaga y al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dada la naturaleza de estos organismos, es evidente la preocupación por la posible incidencia cultural del proyecto hotelero.

Una duda sin fundamento si se toma en consideración el estudio ambiental encargado meses atrás por el Puerto de Málaga a la empresa Sfera, según el cual el "impacto" visual de la torre de 135 metros es mínimo. A pesar de ello, los técnicos encargados del informe admiten en el mismo la existencia de varias localizaciones en las que la huella es mayor: el Monte Gibralfaro, el Parque de Huelin, los paseos marítimos Antonio Machado y Pablo Ruiz Picasso, la bocana de acceso al puerto y el entorno de la Aduana. En esta misma línea se rechaza la idea de que haya impacto sobre el Centro histórico, catalogado como BIC, dada la distancia que hay entre el barrio y el punto de construcción del hotel, de 1,7 kilómetros.

La resolución emitida por Medio Ambiente, firmada por el delegado el pasado lunes, se produce en respuesta a la demanda realizada el pasado 13 de junio por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en el marco de la tramitación de la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto, en la parte correspondiente a la Plataforma del Morro. Espacio en el que un grupo de inversión catarí pretende construir un hotel de 5 estrellas, con 35 plantas de altura y capacidad para 352 habitaciones. A este uso se sumarán usos comerciales, auditorio y un posible casino. Todo ello con un movimiento económico que se estima en unos 105 millones de euros.

De acuerdo con el análisis realizado por los técnicos autonómicos, ante la demanda planteada es de aplicación el artículo 40.3 apartado de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el cual afecta a las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental". La aplicación de este parámetro normativo al proyecto en cuestión permite aplicar al mismo una evaluación simplificada.