El embalse que tira el agua al mar

El embalse de la Concepción de Marbella abrió el pasado mes de marzo sus compuertas para tirar agua al mar al superar el 95,75% de su capacidad total de almacenamiento, lo que suponía estar por encima de su nivel de seguridad. En las semanas anteriores lo hizo en otras dos ocasiones. También unos meses antes, en diciembre de 2016. Sucede siempre que llueve con intensidad en la zona. Y sucedió en los peores años de sequía en la Costa del Sol, en 2008 y en 2015, cuando las administraciones pusieron en marcha medidas muy drásticas para paliar los efectos de la escasez de lluvias. Aunque parezca increíble, en Málaga se pueden leer en los medios de comunicación dos titulares al unísono: las administraciones anunciando un decreto de sequía y un pantano tirando al mar, en apenas dos días, el agua que garantizaría el consumo de la población de la zona durante sesenta días.

La Concepción no es una presa cualquiera. De sus reservas beben un total de once localidades de la Costa del Sol Occidental, entre ellas Marbella, Torremolinos, Estepona o Fuengirola, municipios que duplican sus habitantes en los meses estivales. Con la misma facilidad que se llena, se vacía, ya que apenas tiene capacidad para albergar 55,78 hectómetros cúbicos. Desde su inauguración en la década de los años 70, ya se consideró pequeña. Y hay un proyecto desde el Pleistoceno para aumentar su capacidad de almacenamiento. La primera idea fue hacerla recrecer. Se planteó en 1999 dentro del denominado Plan Málaga y se descartó, ya que obligaba a vaciarla para poder hacer la obra. Aquella actuación se cifró en 38,5 millones de euros. Finalmente se ha optado por otra solución, la de construir un nuevo muro por encima del embalse actual, una especie de nueva presa delante de la actual. Este proyecto cuesta más de 200 millones de euros. Da igual el coste, tampoco se hace. Paralelamente a esta obra, se planteó una conexión entre este pantano con Málaga, y unirlo con la conducción ya construida entre la capital y la zona oriental de la provincia, con la idea de trasvasar los excedentes hídricos entre las distintas cuencas y no seguir tirando agua al mar.

Desde el año 2001 se arrastra el proyecto de ampliación. Y desde el año 2005, la idea de la conducción. Las dos obras fueran declaradas de interés general del Estado, pero el Estado ha mostrado escaso interés en hacerlas. Dieciséis años después del anuncio, que se dice pronto, no ha sido hasta este ejercicio cuando se han dado los primeros pasos para acometer esta obra. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente -esa amalgama de departamentos burocráticos- ha iniciado las consultas ambientales para poner en marcha el proyecto, considerado vital por la Junta de Andalucía. Y en ello estamos, en los inicios de un largo recorrido administrativo, que se paralizó con la crisis económica, y que incluye declaración de impacto medioambiental, licitación, adjudicación y ejecución del proyecto. O sea, un puñado de años de seguir tirando agua al mar en plena sequía.

Podría hacer un recorrido similar por otras obras hidráulicas que están pendientes en distintos puntos de Andalucía, una comunidad que afronta un nuevo periodo de sequía sin resolver la mayoría de las deficiencias que llevamos décadas arrastrando. Resulta un bochorno que las instituciones se tiren las competencias entre ellas, sin que se pongan de acuerdo en unas mínimas actuaciones necesarias para resolver este gravísimo problema. En Granada tienen el embalse de Rules terminado desde el año 2004, pero trece años después de la inauguración aún están pendientes de las canalizaciones que harían posible la utilización del agua embalsada, un líquido que también termina en el mar en muchas ocasiones.

El bochorno es completo cuando descubrimos que las obras hidráulicas tampoco han escapado de la rapiña. En enero de 2016, saltó un nuevo escándalo de corrupción que tenía su epicentro en la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Un caso que investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, y donde estaba implicado desde un director general hasta un buen número de empresas que nos timaron con certificaciones de obras falsas. Esa investigación de la Audiencia Nacional dejó en el aire varios proyectos comprometidos en Andalucía por esta empresa estatal, entre ellos la desaladora de Mijas o la del Bajo Almanzora.

Con el tercer decreto de sequía en este siglo, no hay argumento que justifique la dejadez de las administraciones públicas ante un problema de tal gravedad. Por eso, cada vez que la presa de La Concepción vuelva a abrir sus compuertas para tirar al mar hectómetros cúbicos de agua que no se tiene en municipios que están a 60 kilómetros de distancia y padecen restricciones al consumo, habría que levantar un monumento a la irresponsabilidad política y a la dejadez institucional.