La ciudad del supositorio

Francisco de la Torre será recordado por su temeraria obsesión por destrozar el paisaje de Málaga con un hotel en forma de rascacielos reservado para lujo en el sitio más delicado de la Bahía de la Victoria de Málaga. Se nota que el futuro no le preocupa porque nos quiere dejar una herencia envenenada.

Desde el punto de vista profesional no se han alzado voces que adviertan sobre algunas cuestiones que se consideran esenciales a la hora de promover un proyecto de tanto y tan irreversible impacto social y ambiental. Intentaré hablar de una docena de daños colaterales, agrupándolos en cuatro apartados de arquitectura e ingeniería de la ciudad, que sus responsables urbanísticos y sus funcionarios, del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, deberán tener en cuenta si no quieren caer en la más burda manipulación o en la más que presumible prevaricación.

En primer lugar, la interpretación generalizada de que con este proyecto se cumple la ley es más que dudosa. No sólo por tratar el puerto como un territorio ajeno a la ciudad y al ordenamiento urbanístico y sujeto al capricho de un alcalde del siglo pasado, sino sobre el fraude de ley que supone: de la ley de Costas; de Puertos; del Decreto 141/2015, de 26 de mayo, artículo único, por el que se aprueba el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía; el POTAUM; el PGOU; el Plan Especial del Puerto; el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Málaga... Por citar solo los principales. Bastaría solicitar un dictamen de un organismo independiente para que se sepa lo poco interpretable que es este extremo.

En segundo lugar, pero muy importante, porque no se discute sólo la reserva de sitio y la concesión lucrativa-especulativa de este estilo en un fondo de saco de difícil, por no decir imposible, acceso y evacuación, salvamento y socorrismo. Es increíble que Puertos del Estado haga prosperar una Declaración Espacios y Usos Portuarios (DEUP) en el sitio exacto en que dicho emplazamiento se propone, porque ese es muy inaceptable. El Ministerio de Fomento sabe que alterar la estrategia portuaria del puerto de Málaga puede ser constitutiva de una denuncia ante la UE por contravenir los objetivos declarados por la Comisión Europea el 23/5/2013 actualizados a 24/1/2017. La UE no juega al Monopoly con los puertos. No sólo eso: esta torre ahí puede ser objeto de riesgos para el tráfico marítimo y aéreo, que no mencionaremos para que, en este inicio del debate publicitario, lo que ya de por sí ha supuesto un alarde de insensatez pública, no sirva para que se nos acuse de demagogia.

En tercer lugar, la gravedad del impacto ambiental. No puede admitirse un Estudio de Impacto Ambiental a posteriori del proyecto, de la tramitación urbanística y de la autorización, cuando, de entrada, incumple cualquier parámetro. No sólo de altura, volumen y uso propio, sino de la enorme área de influencia negativa al flujo de movilidad costera Este-Oeste de Málaga, contraviniendo cualquier esquema de ingeniería de tráfico, hasta el del propio puerto, en el punto peor de la red básica de la capital. El impacto visual y paisajístico son tanto o más importantes como la devaluación del Centro de la ciudad en su hito más sensible, el mar. La exacción de rentas urbanas y el trasvase de plusvalías de la ciudad al puerto, sin más compensación que el ICIO o las regalías infladas por la Autoridad Portuaria -de la tasa de actividad entre el 4 y el 8%-. Todo a cambio de dejar a la ciudad "encerrada" virtualmente por un solar exclusivo; situado fuera de su Plan General, de su Plan Estratégico y de su Plan del Centro, sin fechas de revisión, ni modificación, ni aprobación.

En cuarto lugar, la organización urbanística de los procedimientos es más acorde con el urbanismo despótico que practican el equipo de gobierno, su socio, y el grupo socialista que lo apoya. El procedimiento de ofertar una inversión y luego justificarla no está contemplado en la legislación, casualmente denominada Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. El actual ministro de Fomento sabe de sostenibilidad urbana. Este hotel-centro comercial-casino no es sostenible, amortizable, ni de interés general. Es un proyecto privado, legítimamente propuesto a un puerto sin cabeza, mediante los debilitadísimos mecanismos de previsión de ingresos de los propios promotores -sean de Catar o de Bienvenido Mr. Marshall-, sin participación pública; maquillando la concurrencia empresarial.

Por toda la costa y las ciudades españolas hay ejemplos suficientes de torres especulativas que sirven -de "icono de la Bernarda", como diría Salvador Moreno-, hasta que el margen de beneficio baja, quedando como huellas indelebles de irracionalidad castiza. Como la Torre de Sofico, vergüenza malagueña por antonomasia. El OMAU -tan diligente en prestar su sede para discutir sobre la insostenibilidad urbana- sabe que son negocios de peaje que no alcanzan más que la amortización de su propia construcción, dejando indefinida a partir de los diez años la explotación económica; economía de casino al albur de lo que venga. Una inversión asocial discutible, mucho más allá del proyecto concreto y del futuro que va a hipotecar.

Un manifiesto quiere defender el horizonte malagueño como si este fuera un problema sólo de paisaje y de vistas. Se trata de un problema mucho más grave que eso. La torre-hotel del dique de Levante del Puerto de Málaga ha entrado en un debate viciado sobre exclusividad, modernidad y turismo de lujo en el que los portavoces locales, del tripartito de facto que gobierna el puerto de Málaga, claman por decir las mayores sandeces, sin que se deje oír la voz de ciudadanos, de técnicos y empresarios que salgan a advertir del atropello.

Aunque seamos partidarios de la edificación en altura, del turismo cualificado y del progreso social de Málaga, los malagueños nos negamos a convenir que el futuro será más ilusionante si nos representa la torre que este alcalde declinante y delirante se ha propuesto erigir en contra de nuestros nietos.