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Las poblaciones de especies silvestres de caza mayor en la provincia de Huelva han experimentado en las últimas décadas un notable aumento, pasando de capturar 140 ejemplares en 1980 a varios miles en la actualidad. Este aumento desmesurado se debe a varias cuestiones. Primero, a las repoblaciones masivas de ciervo que se realizaron en la provincia en los años 90. En octubre de 1989 se creó la comarca cinegética Sierra de Huelva, que incluía seis municipios que se repoblaron con aproximadamente 6.000 reses y en menor medida en Niebla, la Pata del Caballo (Escacena del Campo) y Almonte.
Además, se decretó la prohibición de abatir hembras de ciervo durante años y se estableció un plan de caza bastante restrictivo que fue escrupulosamente respetado por los cazadores. Esto provocó un desequilibrio en la pirámide poblacional que disparó la población, a lo que se unió el abandono de muchas explotaciones por falta de rentabilidad y la regresión del conejo debido, principalmente, a las enfermedades.
Se produjo así un proceso de “matorralización” en estas fincas, que se convirtieron en un hábitat idóneo para las especies de caza mayor. Por todo esto, el ámbito de distribución de las especies silvestres de caza mayor en Huelva (principalmente ciervo y jabalí) se extiende actualmente a todos sus límites geográficos, y hoy, es muy frecuente su presencia en lugares donde hace 30 años era impensable verlos.
Este incremento poblacional acarrea multitud de problemas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, lo que motiva que se tenga que realizar una gestión correcta para no llegar a situaciones como las que tenemos en la actualidad. Y esta gestión debe ser una tarea conjunta entre la Administración Pública que gestiona estos recursos y los titulares de las explotaciones, sean públicos o privados. Esto fue lo que motivó a Asaja Huelva a crear en 2002 el Departamento de Medio Ambiente Forestal y Caza: la convicción de que la caza había que integrarla en la gestión diaria de la explotación. Nunca se han necesitado más la caza, la ganadería y la agricultura.
La caza alcanza su máxima grandeza como herramienta de gestión imprescindible en el medio natural y, en consecuencia, en los ecosistemas agrícolas, forestales y ganaderos, pero, además, constituye un aprovechamiento más en el conjunto de posibilidades que ofrece una explotación para alcanzar una rentabilidad aceptable, cosa nada fácil en los tiempos que corren.
Pero lógicamente, tenemos que integrarlo en el puzzle del resto de aprovechamientos e intentar, en la medida de lo posible, que sean compatibles, sin que se perjudiquen. Es lo que se conoce como sostenibilidad de los aprovechamientos y para llegar a ella, es necesario aplicar una gestión integral junto con la Administración, algo que hoy día no está ocurriendo en nuestra provincia.
En Huelva existen unos 800 cotos, que han de tener en vigor sus correspondientes planes técnicos de caza. Estos constituyen el documento básico de gestión y contienen la planificación de las medidas de control de daños y de poblaciones que se deben aplicar en casos necesarios. Tienen carácter técnico y son revisados y aprobados mediante resolución expresa de la Delegación Territorial donde se ubique el coto, al amparo de la normativa vigente, por lo que la aplicación de estos criterios de gestión debería ser algo flexible y habitual en el día a día de la explotación. Pero no es así, y el exceso injustificado de burocracia y la disparidad de criterios técnicos de la Administración, carentes de lógica, imposibilita la realización de los controles de poblaciones.
Hay provincias andaluzas que realizan caza de gestión prácticamente todo el año, mientras que, en otras, ni se llega a autorizar o se hace de forma muy restrictiva, aun estando bajo la misma normativa autonómica e incluso perteneciendo los cotos a una misma comarca cinegética. ¿Tiene esto sentido? ¿Es justo el agravio al que están sometidos algunos titulares de cotos colindantes, aunque estén ubicados en distintas provincias?
Esta falta de criterio trae como consecuencia, por ejemplo, la alerta sanitaria que se publicó recientemente en BOJA por la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural y la Consejería de Medio Ambiente. Esta última ha impedido durante meses realizar el control poblacional o de daños conforme se aprueba en los planes técnicos de caza. ¿De qué sirve entonces que se aprueben éstos, si para cada control de poblaciones hay que volver a solicitar autorización? No parece la forma más adecuada de simplificar los trámites administrativos.
El control de poblaciones de especies de caza mayor puede enfocarse de varias formas según el objetivo que se persiga, y todos pueden darse dentro de una misma explotación, puesto que están interrelacionados. Así, se puede buscar la calidad: alcanzar equilibrios entre machos y hembras o eliminar los individuos genéticamente defectuosos. Esto es imprescindible en cotos de caza mayor cercados.
También, en cualquier tipo de coto, esté o no cercado, puede enfocarse desde el punto de vista de la sanidad animal, es decir, para evitar la propagación de enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis, que se transmiten al ganado, o para evitar el sufrimiento a los animales senescentes, heridos o enfermos. Y, por último, para evitar daños por superpoblaciones.
Desde Asaja Huelva, sobre todo, entendemos la caza como herramienta de gestión y en ese sentido se lo recalcamos a la Administración, que no puede continuar con una política errática que, además de no contribuir al mantenimiento de un sector cinegético saludable, afecta con sus decisiones al resto de aprovechamientos de una explotación, por no hablar, incluso, de la seguridad de quienes circulan por las carreteras.
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