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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha recabado durante la semana pasada el apoyo de las organizaciones agrarias y cooperativas antes de presentar las alegaciones de la comunidad autónoma al Plan Estratégico de la Política Agrícola Comunitaria (Pepac), con el que tanto Asaja como COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias mantienen grandes discrepancias, pues desde el comienzo de todo el proceso vienen advirtiendo de que la nueva Política Agrícola Comunitaria supondrá unas pérdidas de más de 100 millones de euros de ayudas al año.
Crespo debe llevar las ideas claras y negro sobre blanco al Ministerio el día 1 de marzo y para ello ha realizado una ronda de entrevistas con los afectados. La consejera ha apostado por la “unidad de acción frente a la PAC para mejorarla”. “Ahora, lo que queremos es la ayuda del Ministerio para terminar este proceso y que no haya una bajada de fondos para ningún agricultor o ganadero de Andalucía”, ha subrayado.
En su reunión con representantes de Asaja Andalucía encabezados por su presidente, Ricardo Serra, la titular andaluza de Agricultura comentó propuestas del Gobierno andaluz como, por ejemplo, la solicitud de cambio de la campiña sevillana de la región 3 a la región 4 para evitar que los agricultores y ganaderos pierdan fondos que venían recibiendo en marcos anteriores. “De esta forma, la campiña se incorpora a una región con más alta prestación”, apuntó la consejera, quien explicó que se calcula que los productores de esta comarca sufren un recorte de casi el 25% de los recursos que venían percibiendo, lo que se traduce en 200 millones de euros menos en todo el marco de la PAC; es decir, 40 millones de euros al año.
La consejera apuntó también la necesidad de volver a contar con una ayuda asociada para el girasol, “junto a otros cultivos proteicos o con una ayuda específica”; y de “equiparar” la ayuda que recibe la remolacha en España independientemente de si se cultiva en el norte o en el sur.
La Junta apuesta también por reclamar al Gobierno de España que reconozca el olivar y la agricultura ecológica como ecoesquema “per se” y que “se incorpore de forma permanente a la PAC la flexibilización de estas nuevas herramientas ambientales para futuros períodos”. “A los agricultores y ganaderos hay que ponerle las cosas más fácil, no más difícil”, insistió.
En cuanto a actuaciones directas por parte de la Junta, Crespo anunció que este trimestre se abrirá una nueva convocatoria de ayudas agroambientales, con mayor simplificación y novedades respecto a años anteriores. Respecto a la política de Agua, la consejera incidió en que el Gobierno andaluz trabaja en una línea de ayudas que, entre otras medidas, respaldará las balsas de riego y responderá así a una demanda de los propios productores.
Tras el encuentro con la consejera el presidente regional de Asaja, Ricardo Serra, subrayó que “estamos en el último intento de llegar a un acuerdo para modificar los aspectos que entendemos que son más lesivos para los intereses de la PAC en Andalucía”.
Por su lado, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, insistió en que “la aplicación y la distribución de los recursos presupuestarios de la nueva PAC discriminan a Andalucía frente a otros territorios. Además, sin tener en cuenta que perjudica gravemente al modelo social y profesional de la agricultura, que es el motor del medio rural en Andalucía”.
En el encuentro de la consejera con los responsables de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, encabezados por su presidente, Juan Rafael Leal, hablaron de la necesidad de establecer cambios en los ecorregímenes, a fin de que éstos reflejen la diversidad productiva de Andalucía.
Para la consejera, estas nuevas herramientas ambientales no deberían limitarse a una clasificación en base a la pendiente o pluviometría del terreno, sino contemplar también criterios agronómicos, la temperatura, textura y profundidad del suelo o la estructura de las explotaciones. El objetivo es que no den lugar a que las ayudas sean mayores en el caso de las explotaciones menos productivas.
La responsable de Agricultura considera que, tal y como se han planteado ahora los ecoesquemas, están lejos de ser incentivadores de la actividad agraria. Carmen Crespo considera que, por el contrario, se han convertido en la puerta de entrada a una futura tasa plana y en un instrumento para atender intereses territoriales. Una cuestión con la que se mostró de acuerdo el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. De hecho, en el encuentro de trabajo ambos coincidieron en que los ecoesquemas son un fleco importante para resolver en este periodo de modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de cara a lograr “esa PAC justa que necesita Andalucía”, señaló Crespo.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, expresó a la Consejería el apoyo total del cooperativismo a las alegaciones que se van a presentar al Plan Estratégico de la PAC y se puso a disposición de los servicios técnicos para “aportar todas las reclamaciones de los sectores productivos que sean necesarias para revertir la actual hoja de ruta marcada por el Ministerio de Agricultura”.
Juan Rafael Leal insistió en que el plan del Gobierno central “se va a traducir, a todas luces, en una pérdida de renta para los miles de familias que conforman un sector competitivo, profesionalizado e innovador como es el andaluz”. Asimismo, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía solicitó a la consejera de Agricultura a que siga mediando con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para “impulsar una política hídrica justa para el sur de España, una estrategia que debe quedar plasmada en un Plan Hidrológico Nacional dotado de presupuesto y de un plan de obras real y realista”.
Las propuestas del Gobierno andaluz a las alegaciones pasan, por ejemplo, por la defensa del agricultor pluriactivo, a fin de que el beneficiario de la PAC sea aquel que tiene actividad agrícola, con independencia de que puedan tener otro tipo de ingresos, “ya que se ha demostrado que este tipo de agricultor y ayuda ha contribuido a que no haya despoblación en el mundo rural”.
En el encuentro con UPA Andalucía, su secretario general, Cristóbal Cano, trasladó a la consejera una idea principal: “que el sector agrario andaluz debe marcar la agenda europea”. En la primera visita oficial de Crespo a la sede de la organización también se abordaron las alegaciones que presentará Andalucía al Plan Estratégico de la PAC y sobre las que Cristóbal Cano aseguró que van a estudiar para alcanzar acuerdos que beneficien el interés general del sector.
UPA Andalucía entiende que la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 debe ser un momento “clave” para nuestro sector. “Andalucía, como líder del sector agrario, debe marcar las cuestiones más importantes que eleve España en esa Presidencia. Asuntos clave, para nosotros, son por ejemplo las cláusulas espejo, la reciprocidad entre países. Europa no puede llegar a acuerdos comerciales en los que se consienta la entrada de productos de terceros países en condiciones muy distintas a las nuestras, porque es una competencia absolutamente desleal”, afirmó Cristóbal Cano.
También destacó el secretario general de UPA Andalucía una herramienta como la Ley de la Cadena Alimentaria, el relevo generacional, la digitalización del sector y políticas que frenen el despoblamiento en el medio rural. En la reunión de trabajo, calificada por Cristóbal Cano como “productiva y fructífera”, ambas partes compartieron impresiones sobre las próximas alegaciones que se van a preparar desde Andalucía. “La Consejería siempre nos encontrará con la mano tendida”, destaca Cristóbal Cano.
UPA Andalucía planteó a la consejera cuestiones “fundamentales”, como la “máxima flexibilidad en los ecorregímenes, una reorganización de las regiones productivas para evitar que haya zonas especialmente agraviadas , con especial énfasis en adoptar medidas que favorezcan a la ganadería, que es el sector que peor lo está pasando debido al incremento constante de los costes de producción que lleva al cierre continuo de las explotaciones”.
Asaja-Sevilla va a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra varios aspectos concretos de la nueva PAC. La organización agraria considera que este nuevo sistema castiga con especial dureza a los agricultores y ganaderos andaluces que perderán 500 millones de euros. Agrega que “dentro de nuestra región, la provincia de Sevilla será la más afectada con pérdidas para los agricultores y ganaderos de 242 millones de euros en el periodo 2023-2027”. Explica que la nueva PAC provocará que 750.000 hectáreas de secano pierdan el 30% de sus ayudas actuales.
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