Las claves
Pilar Cernuda
Pedro Sánchez, a por todas
La Voz Invitada
Por mucho que el refrán diga que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, los regantes somos conscientes de que podemos seguir mejorando nuestra eficiencia y ahorrando agua para regar. Pero para ello, necesitamos que el Gobierno invierta en la modernización de nuestras zonas regables, tal y como se comprometió en la Estrategia de Regadíos y en los Planes Hidrológicos.
Apenas quedan 10 días para que finalice el plazo para presentar las alegaciones a los “Esquemas provisionales de Temas Importantes” (EpTI), los documentos intermedios en el proceso de planificación hidrológica de los que dependerá la gestión del agua durante las próximas décadas. Y el panorama no resulta nada alentador.
En un primer momento, los regantes mostramos nuestro rechazo a los nuevos planes hidrológicos debido a la falta de credibilidad que suscita el incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanzados con el regadío para elaborarlos por parte de las distintas administraciones a lo largo de las últimas legislaturas.
Y también nos opusimos dada nuestra desconfianza hacia una Administración que parece amparar posiciones beligerantes y contrarias a los regadíos, obviando la importancia de disponer de agua garantizada en las correspondientes cuencas hidrográficas y nuestro papel a la hora de asegurar la alimentación y el suministro, y de combatir el cambio climático y la despoblación de las zonas rurales.
Posteriormente, solicitamos que el conjunto de administraciones públicas, y de manera muy especial el Miterd y los Organismos de Cuenca que tienen las competencias sobre el agua en España, impulsen definitivamente el cumplimiento de los programas comprometidos con los regadíos para ahorrar agua; tras reprochar al Gobierno que las medidas destinadas a la atención de las demandas apenas han recibido un 19% de la inversión prevista en los planes hidrológicos.
Y es que ese déficit de inversión resulta alarmante. Máxime teniendo en cuenta que en España aún queda un millón de hectáreas de riego por modernizar. De ahí, y dadas las ventajas asociadas a los sistemas de riego localizado y por aspersión, la urgencia de aprobar un Plan de Regadíos.
En la última década hemos logrado un ahorro del 16% en el consumo. Pero la modernización también permite mejorar la calidad del agua, reducir el uso de abonos y herbicidas, y elevar el nivel socioeconómico de los regantes, al aumentar la productividad de la tierra con nuevos cultivos de mayor valor añadido y que normalmente tienen una menor dependencia de subvenciones.
Sin embargo, las Confederaciones Hidrográficas no realizan las pertinentes y necesarias inversiones, a pesar de que los organismos de cuenca ingresan todos los años directamente de los regantes alrededor de 100 millones de euros de tarifas y cánones.
La modernización de regadíos cuenta con un alto consenso entre los agentes sociales, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, que participan en los Consejos del Agua de cada Demarcación, donde se aprueban inicialmente los planes hidrológicos que contemplan estas obras.
Tanto los usuarios como la Administración han podido comprobar el beneficio de las infraestructuras ya ejecutadas, puesto que el ahorro de agua obtenido ha permitido reducir los efectos y frecuencias de las sequías, aumentando las garantías de los sistemas y permitiendo hacer frente al cambio climático.
Entonces, ¿por qué la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas no continúan realizando obras de modernización?, ¿por qué el Plan de Reconstrucción Nacional de la UE, del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como la Política Agraria Común (PAC), no financian la modernización del regadío, principalmente con cargo a los fondos destinados a desarrollo rural?, ¿por qué, en definitiva, no se eleva el agua a cuestión de Estado, se desarrolla un nuevo Plan Hidrológico Nacional y se sella un pacto de reconstrucción basado en el campo y contra la despoblación?
En la misiva que remitimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los regantes le pedimos que en los próximos Presupuestos Generales del Estado destine 10.000 millones de euros al regadío para que podamos contribuir a la reconstrucción social y económica de España.
Ahora le hemos enviado un nuevo documento donde especificamos por cuencas hidrográficas las actuaciones ya previstas y necesarias para la modernización de regadíos con un importe aproximado a los 5.000 millones de euros, que podrían ser incluidos en el Plan de reconstrucción de España, pues cumplen los cuatro objetivos generales marcados por la Comisión Europea.
Pero, sencilla y llanamente, el agua ha ido perdiendo protagonismo en la agenda, contaminándose políticamente su gestión por las injerencias e intereses localistas de determinadas comunidades autónomas, partidos políticos y asociaciones ambientalistas
. Esta dejación también ha derivado en una maraña normativa con 17 leyes de aguas y 17 administraciones hidráulicas diferentes; levantando una “auténtica Torre de Babel” donde cada territorio habla su propio idioma; estableciendo el reparto del agua en función de intereses políticos, y no técnicos como correspondería; y saltándose en algunos casos incluso la Constitución.
Pero ya basta. Ha llegado la hora de que sea el bien común la principal preocupación de nuestros políticos. De que la Administración Central establezca un orden coherente y dirija el proceso de planificación hidrológica para evitar los retrasos en la ejecución de obras de regulación.
De que el Gobierno invierta en la modernización de nuestras zonas regables y cumpla con los compromisos que contrajo en la Estrategia de Regadíos y en los Planes Hidrológicos vigentes. De que los próximos PGE reconozcan el papel clave de la agricultura en la reconstrucción social y económica de España.
Porque como los regantes ya estamos haciendo las tareas, sin ningún atisbo de victimismo respecto a la Administración, pesa más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.
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