Acusan a la juez Alaya de manejar información que no comparte

Sevilla/El abogado de dos ex altos cargos de la Junta imputados por los ERE falsos ha denunciado que la juez instructora, Mercedes Alaya, maneja en algunas declaraciones una documentación que no ha notificado a las partes. El abogado de Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga, ex directores generales de Finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), denuncia que el pasado 25 de julio, cuando declaró ante Alaya el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, la juez disponía del testimonio ante la Guardia Civil de Juan Luque Alfonso, ex interventor delegado en la Consejería de Empleo.

La declaración de Luque y una documentación anexa no fue incorporada a la causa y, por tanto, facilitada a las partes hasta el 7 de octubre, por lo que la juez ha incurrido en una "notoria infracción" de la Constitución cuando garantiza la tutela judicial y prohíbe la indefensión, además de varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sostiene el escrito del letrado.

La juez niega en un auto que se haya producido indefensión y atribuye el hecho a un error, ya que el 27 de junio la Guardia Civil le entregó dos legajos, uno para la causa y otro, a modo de copia, para ella misma. Este hecho pasó desapercibido pues la copia para la magistrada contenía también la declaración de Luque Alfonso, que no estaba incluida en el legajo que se incorporó a la causa y por eso cuando compareció el ex interventor general de la Junta, Alaya "creía que la declaración del señor Luque estaba en posesión de todas las partes". Alaya expresa que esta ha sido la única ocasión en que la Guardia Civil ha adelantado, sin formar parte de un atestado, determinadas declaraciones, y lo ha hecho a petición de la juez y para "dar la necesaria agilidad a la causa".

La defensa de los dos ex directivos del IFA argumenta en su escrito que la juez "dispuso de la declaración del señor Luque, que no era ningún borrador, y la utilizó expresamente en la declaración del señor Gómez Martínez, "sin que las partes la pudieran conocer". Además, entiende que "no existe cauce legal que permita a la Policía Judicial, en lugar de entregar sus diligencias en el procedimiento formal oficial, entregar a la juez instructora un denominado borrador al que tendría acceso la juez, pero no las partes". Critica también que se haya causado de "notoria indefensión" a las partes personadas al haberlas privado de "diligencias relevantes", y cita como ejemplo que "no tiene ninguna justificación que un oficio supuestamente elaborado el 27 de junio de 2013 no fuera entregado al juzgado hasta el 30 de septiembre".

En todo caso, la defensa resalta que Luque compareció ante la Guardia Civil los días 5 y 6 de julio de 2012 y su declaración se ha incorporado a la causa de los ERE el 30 de septiembre pasado, "esto es, más de 14 meses después", por lo que "no existe ninguna justificación para que se haya mantenido oculto a las partes durante tanto tiempo". De la misma manera, un auto judicial del pasado 7 de octubre se refirió a las declaraciones de Francisco Mencía, ex director general del IFA, y del empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, que el abogado tampoco ha podido localizar en la causa. Junto a ello, lamenta que la Guardia Civil disponga de documentación que las partes personadas no conocen, lo que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a reclamar que se incorpore a la causa la documentación aportada a los investigadores policiales por la funcionaria de la Junta María José Rofa y por el abogado de la familia Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos.

Finalmente, critica que la Guardia Civil esté preparando un atestado sobre el funcionamiento del IFA y su sucesora, la agencia IDEA, "con el fin de observar posibles irregularidades, si las hubiere", lo que, a su juicio, es "una actuación de investigación prospectiva, prohibida en nuestro ordenamiento" . Además, a su juicio, en el caso de los ERE la Guardia Civil está llevando a cabo "gran parte de la instrucción", lo que impide a las defensas y acusaciones estar presentes e incluso conocerlas durante largo tiempo, lo que supone "un grave quebrantamiento del derecho de defensa".