Alaya imputa a otras 8 personas en los ERE entre trabajadores y directivos de Nueva Rumasa y dos sindicalistas de CCOO

Sevilla/La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha dictado un nuevo auto en el que acuerda imputar a otras ocho personas en relación con la inclusión de dos intrusos en el ERE del Hotel Cervantes (Europa Center) de Torremolinos (Málaga). Los nuevos imputados, que elevan a 141 el números de implicados en la causa, son trabajadores y directivos del grupo Nueva Rumasa, así como dos sindicalistas de CCOO.

La juez ha citado a declarar a estos ocho nuevos imputados entre los días 22 y 23 de enero.En el auto, que tiene fecha de ayer, la magistrada ordena igualmente a la Guardia Civil que informe sobre la identidad del resto de los hijos varones del empresario José María Ruiz Mateos y el “área de dedicación” de cada uno de ellos en el grupo Nueva Rumasa, de lo que se desprende que alguno también podría ser imputado en el proceso, en el que ya están imputados dos hijos del empresario, Javier y Pablo Ruiz Mateos.La juez señala en el auto que una vez estudiadas las actuaciones relativas al ERE del Hotel Cervantes existen otras personas implicadas que “serían conocedoras de la existencia de intrusos, intermediación y pagos a Juan Lanzas”, el conseguidor de los ERE, y que también tendrían conocimiento de las presuntas irregularidades en la subvención.

Los nuevos imputados son Miguel Rodríguez Ortega, director del Hotel Cervantes; Rafael Isal, gerente de la empresa autos Marbesol del grupo Nueva Rumasa; Antonio Isla Barba, director de Hotasa (división hotelera del grupo) en la zona de Torremolinos entre 1995 y 2010; los directivos de Nueva Rumasa Alfonso Espinosa y Javier Bertola; el abogado y director de administración del grupo, Manuel Sánchez Marín; así como los sindicalistas José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical de CCOO y prejubilado en el ERE del hotel Cervantes; y Gonzalo Fuentes Guerrero, integrante de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en Málaga. Según Alaya estos dos últimos conocerían no sólo que se habían incluido los intrusos, sino que “facilitarían el proceso”.

La instructora también ha requerido a la Junta para que informe y aporte los correspondientes expedientes de todas las subvenciones concedidas al hotel Cervantes.

Sobre el director del Hotel Cervantes, Miguel Rodríguez, Alaya señala que firmó la solicitud del ERE “a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la fecha de antigüedad en el hotel”.Al gerente de Autos Marbesol, Rafael Isla, la juez le imputa haber introducido en el ERE del hotel, a través del también imputado Carlos Miranda Bucciarini, al que fuera trabajador de su empresa José Antonio Cuevas, con el fin de que se beneficiaria de las prejubilaciones pactadas para los empleados del hotel “sin que tuviera derecho a ello”.

En el caso de Antonio Isla Barba, director de Hotasa en Torremolinos y que también fue gerente de viajes Marbesol –empresa también adquirida por Nueva Rumasa-, Alaya le atribuye la inclusión del intruso Carlos Andrés Sendino García, trabajador de Viajes Marbesol, “con el fin de que el mismo se acogiera al plan de prejubilaciones derivado del ERE a pesar de que no reunía los requisitos para ello”.

De los directivos de Nueva Rumasa Alfonso Espinosa y Javier Bertola, la instructora afirma que “conocerían el presunto tráfico de influencias a favor del grupo, ejercido ante la Junta de Andalucía por Juan Lanzas, para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE de empresas de Nueva Rumasa” y también serían los que ordenaron los pagos al conseguidor a razón de 600.000 euros por cada ERE.Por último, la imputación a Manuel Sánchez Marín, abogado y director de administración de Nueva Rumasa, se produce porque en su despacho se tramitaban “todas las ayudas ante la Junta” y, en este sentido, la juez señala que sólo el Hotel Cervantes recibió 12 millones de euros de la agencia IDEA, pues además del ERE se procedió a la reforma del hotel.La magistrada ha modificado parte de su calendario de declaraciones y además ha vuelto a citar a declarar al ex delegado de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo el próximo 28 de enero.