Alaya capitaliza la causa de los cursos con la imputación de Ojeda

La juez Mercedes Alaya pasa a liderar la investigación del presunto fraude en los cursos de formación abonados por la Junta de Andalucía al imputar en esta causa al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, quien fue detenido el pasado 4 de agosto en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en el marco de la operación Óscar, desarrollada por la Brigada Central de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que se saldó con la detención de nueve personas.

Según han informado a este periódico fuentes de la investigación, la instructora ha dictado un auto en el que imputa a Ángel Ojeda delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con las importantes subvenciones que recibieron sus empresas, es especial, las vinculadas a los cursos de formación destinados a los ex trabajadores de Delphi. Se trata del segundo imputado en esta causa tras la implicación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que está citado a declarar el próximo 16 de octubre.

En el caso de Ángel Ojeda, la juez no ha fijado en el auto una fecha para la declaración del ex consejero de Hacienda porque, entre otras cuestiones, la magistrada está a la espera de recibir la documentación que obra en poder del titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, a quien la Fiscalía ya ha pedido que se inhiba de instruir este caso a favor de Alaya. Según las mismas fuentes, López Marchena dictó antes de marcharse de vacaciones una resolución dirigida a la juez Alaya, a la que solicitaba que informara sobre su competentes y la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ya ha contestado confirmando su competencia, por lo que en breve se producirá dicha inhibición.

Según han explicado fuentes de la investigación, un informe de la Inspección General de Trabajo alertó del "grave perjuicio" que se había ocasionado para el patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y para el presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a la formación incumpliendo la normativa específica prevista para estas subvenciones otorgadas a las empresas de Ángel Ojeda.

En esta fase de la investigación, ese informe de la inspección de Trabajo es la principal baza de Alaya para imputar a Ojeda. En ese informe, la Inspección critica abiertamente el plan especial de 105 millones que la Junta estableció para los 1.904 ex trabajadores de Delphi. Los inspectores hablan incluso de hechos que pueden tener "relevancia penal" y subrayan que la ayudas de la Junta propiciaron un fraude a la Seguridad Social dado que fueron destinadas a la "simulación" de contratos.

El fraude, precisaron las mismas fuentes, consistiría en unos casos en el abono de subvenciones por cursos inexistentes, que no se habrían dado a los desempleados, mientras que en otros supondría la simulación de contratos y el abono de percepciones o becas que estarían por encima de lo legalmente establecido, lo que generaría una contraprestación ilegal que completaría las prestaciones por desempleo que ya estarían percibiendo los trabajadores, como en el caso de la multinacional de automoción Delphi. Se trataba, en definitiva, de haber otorgado un sistema de protección privilegiado para estos empleados de la multinacional automovilística al margen de la Seguridad Social y del resto de los trabajadores.

Que Alaya ya investigaba desde hace tiempo a Ángel Ojeda es evidente y prueba de ello es que en el auto en el que Alaya imputó al ex consejero de Empleo Antonio Fernández se mencionan ya varias de sus empresas.

En relación con las ayudas para los trabajadores de Delphi, la juez atribuyó a Antonio Fernández haber concedido ayudas por importe de 70 millones para los ex trabajadores de Delphi Automotive System España. La magistrada le atribuía haber permitido la "subcontratación de actividades formativas" en los expedientes de subvenciones cuando dicha subcontratación no estaba autorizada. Esto habría ocurrido en el expediente 98/2008 a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi, donde fueron subcontratadas entidades relacionadas con Ojeda como AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

Una vez que el juez Marchena se inhiba a favor de Alaya, la magistrada podrá disponer de la investigación realizada por la UDEF de la Policía Nacional, que cifra en 50 millones de euros el fraude en la obtención de subvenciones públicas por parte del entramado de empresas de Ángel Ojeda. Según la UDEF, una sola de las ONG controladas directa o indirectamente por Ángel Ojeda, y creada ex profeso, habría obtenido cerca de 7,5 millones de euros de los fondos autonómicos destinados a la formación profesional, que en teoría está encaminada al reciclaje y capacitación de parados andaluces.

Sólo para la realización de cursos a los parados tras el cierre de la factoría Delphi de Puerto Real, el empresario se habría beneficiado de la obtención de 33,3 millones de euros desde 2009. Ex trabajadores de la factoría del motor han denunciado en numerosas ocasiones la inconsistencia e incluso la inexistencia de estos cursos. De hecho, el atestado remitido al juez de Cádiz parte de la denuncia que un docente contratado por una de las empresas del entorno de Ojeda, en la que se relatan una serie de irregularidades en la formación subvencionada, como alumnos y profesores fantasmas, cursos que nunca llegaban a impartirse o se hinchaban las facturas con conceptos falsos.