Alaya impone una fianza de 807 millones a Antonio Fernández

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha impuesto una fianza de 807 millones de euros al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, destinada a afrontar sus futuras responsabilidades civiles y no y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras cuatro días de declaraciones, han precisado las fuentes.

Fuentes del caso han informadode que la fianza a Fernández ha sido fijada en 807.403.232 euros y responde a las ayudas que abonaron las agencias andaluzas IFA e IDEA a través de la partida 31.L entre 2001 y 2010, así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores.

La cantidad es inferior a los 890.052.666 euros que pidió la Fiscalía Anticorrupción porque la juez no ha aplicado el incremento que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se produce tras los686 millones de euros fijada para Francisco Javier Guerrero, ex director de Trabajo encarcelado desde marzo.

La fianza debe cubrir la futura responsabilidad civil de Fernández, acusado por el fiscal de "idear y elaborar" el convenio que permitió las ayudas investigadas, y no es para eludir la prisión comunicada y sin fianza que le impuso la juez tras cuatro días de declaraciones.

Por otra parte, en otro auto al que ha tenido acceso Efe, la juez acuerda unir a su investigación sobre los ERE las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción 5 contra Guerrero, denunciado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por conceder dos ayudas de 1,2 millones a la empresa Maestrazgo "con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos legalmente".

Dicha sentencia, emitida por denuncia del BBVA al negarle la Junta la cesión de las ayudas a Maestrazgo, consideró que el comportamiento de Guerrero fue "nulo de pleno derecho, al prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Según el TSJA, Guerrero "otorgó lo que califica como subvención cuando no consta ni siquiera haberse solicitado la misma" y "sin que conste la causa" para concederla.

En otras resoluciones, Alaya ha acordado embargar a la dueña del restaurante sevillano Río Grande sus acciones en el negocio para cubrir la fianza de 1,9 millones y a Guerrero le embarga cinco cuentas corrientes, además de solicitar listado de los bienes que posea al Registro de la Propiedad.

En cuanto a la dueña de Río Grande, María del Carmen García, la juez dice que resulta "llamativa" la cuantía de la ayuda pública que pagó la Junta, 1,5 millones de euros, a una empresa que había declarado unos beneficios de 1,2 millones y que no presentó por escrito ninguna solicitud.

Además, la empresaria no ha declarado lo percibido a la Hacienda Pública y pese a que el objetivo de su ERE era rejuvenecer la plantilla, en enero de 2005 contrató a una amiga suya que tenía 64 años y la incluyó unos meses después en el expediente. A María del Carmen Fontela, "intrusa" en el ERE de Río Grande, la juez le embarga cuatro cuantas corrientes.