Alaya envió a los guardias porque éstos no hallaron "el domicilio" de los aforados

Un nuevo enredo por la decisión de la juez Mercedes Alaya de enviar el pasado lunes a varios guardias civiles al Congreso de los Diputados y el Senado para notificar uno de sus autos. Ese mismo día la juez Mercedes Alaya envió los requerimientos a ambas cámaras tras constatar que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los que actúan como Policía Judicial en la causa de los ERE y están desarrollando toda la investigación relacionada con las irregularidades en las ayudas, no fueron capaces de localizar el domicilio de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y del ex consejero andaluz de Empleo José Antonio Viera, según sostiene Alaya en la resolución que acompaña a esta información. El hecho de que los agentes de esta unidad, tan especializada y eficaz, no pudieran encontrar el domicilio de estos aforados, no deja de resultar sorprendente, y motivó que la instructora diese el paso de dirigirse directamente a los presidentes de ambas cámaras.

Así lo explica una diligencia del juzgado de Instrucción número 6 que tiene fecha del pasado lunes y a la que tuvo acceso este periódico, en la que Alaya hace constar que "no habiéndose recibido contestación de la Guardia Civil en lo interesado por este juzgado en providencia de fecha 22 de noviembre", decidió contactar con los agentes. La diligencia añade que, al "hablar con los mismos manifiestan que los datos que les constan han sido obtenidos a partir de la consulta de las bases de datos publicadas, no pudiendo confirmar el domicilio correcto".

Tras esa resolución, Alaya dictó una providencia, en la que la magistrada señalaba que "ante las dificultades para localizar los domicilios de las personas a las que se refiere el auto de 18 de diciembre pasado, procede notificarles el mismo en su lugar de trabajo", que la juez entiende que no es otro que ambas cámaras.

De esta forma, la instructora acordó librar los "atentos oficios" a los presidentes del Congreso y del Senado, así como al presidente del Parlamento andaluz, a fin de que se entregue copia del auto dictado "a cada una de las personas a las que se refiere", todo ello a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el derecho de defensa.