Alaya fija fianzas por importe de 1,6 millones para cinco imputados por el ERE de Dhul
La juez no impone ninguna medida cautelar real al ex abogado de la familia Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos.
Sevilla/La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha fijado fianzas por un importe de 1,6 millones de euros para cinco imputados relacionados con el ERE de la empresa de la familia Ruiz-Mateos Dhul, que recibió 10,5 millones de ayudas de la Junta de Andalucía. En un nuevo auto, la instructora ha fijado una fianza de 706.277,28 euros para el director comercial de Dhul, Rafael Carvia Barrios, y la misma cantidad para Carlos Santandreu Soriano, apoderado de Dhul desde 1999 y director general desde 2006, mientras que para el intruso Miguel Espínola la fianza civil fijada es de 124.471,71 euros. Por último, Alaya ha establecido otra fianza civil, de la que deben responder solidariamente, el matrimonio compuesto por Fernanda García Vilches y Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación en la provincia de Jaén del sindicato CCOO entre 1993 y 2003 o 2004.
La instructora ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la comercial Dhul y, en el caso del ex abogado de la familia Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, no ha acordado la imposición de ninguna medida cautelar real, tal y como habían planteado la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía.
El director comercial de Dhul, Rafael Carvia Barrios, firmó con el director general de Trabajo Javier Guerrero el protocolo de colaboración por el que la Junta mostraría, según Alaya "a través de las influencias ejercidas" por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, su disposición a gestionar las ayudas de prejubilación de los trabajadores de esta empresa. La solicitud del ERE se presentó el 16 de abril de 2002 y se materializaron ayudas por importe de 7.605.282,06 euros, "sin que en dicho expediente se hubiera observado solicitud formal de ayuda sociolaboral alguna".
Según Alaya, las cuantías del ERE fueron ampliadas "a instancias" de Rafael Carvia, que señaló que la póliza había sufrido un coste adicional de 2,3 millones, por lo que se amplió el mismo, si bien "dicha cantidad era para la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo este último que presuntamente conocía la Administración, falseándose el contenido de la Addenda al Protocolo y el propio convenio", asegura Alaya. El compromiso de pago al final ascendió a 10.005.070,46 euros, pero el IFA/Idea abonó 10.594.159,31 euros, lo que supone más del 100% del total, con un exceso de 589.088,85 euros que según la instructora puede deberse a los "intereses devengados por los incumplimientos de los plazos de pagos".
Dice Alaya que el conseguidor Juan Lanzas tendría en este expediente un "papel importante como mediador o intermediario" con la Dirección General de Trabajo, derivado del cual serían incluidos como intrusos en este expediente su cuñada Ángeles Sierra García y su marido, Carmelo Cruz Porcel. También fueron incluidos como intrusos José Egea Parra y Miguel Espinola Palma, trabajadores autónomos y que fueron contratados por Dhul tres meses antes de la solicitud del ERE. En el expediente fue incluida además como intrusa Fernanda García Vilches, que nunca trabajó en Dhul, y que es esposa de Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación en la provincia de Jaén del sindicato CCOO entre 1993 y 2003 o 2004. Según Alaya, este sindicalista, "prevaliéndose de su amistad con Juan Lanzas, motivó la inclusión de su mujer en la póliza individual a sabiendas de su ilicitud".
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