Anticorrupción reclama a Alaya que fije fianzas para las empresas que recibieron ayudas públicas por los ERE

Sevilla/La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el escándalo de los ERE, que fije fianzas como responsable civiles subsidiarios para las empresas que recibieron subvenciones públicas y cuyos representantes imputados no hayan satisfecho dichas cantidades para hacer frente a una posible devolución de las ayudas.

El Ministerio Público solicita a la juez, en concreto, que comunique a un total de 11 personas jurídicas su condición de responsables civiles subsidiarios en esta causa, una subsidiaridad que, según aclara, debe entenderse respecto “de la personalidad civil principal de la persona física que ha actuado en su nombre y cuenta, y respecto de la cual se han pedido o se pedirán medidas cautelares reales”. Estas medidas cautelares, añade el escrito de la Fiscalía, “también se podrán interesar y adoptar respecto de las personas jurídicas, en la misma comparecencia, una vez la persona física imputada haya declarado como tal en sede judicial”.

La Fiscalía pone como ejemplo el caso de la empresa Río Grande, respecto de la cual debe exigírsele “fianza por importe de 1.990.689,36 euros, en caso de que la misma no haya sido satisfecha por Carmen García Sánchez, responsable civil principal”.

De otro lado, Anticorrupción ha reiterado a la juez la petición que ya realizó el pasado 22 de febrero para que la instructora amplíe el calendario de declaraciones y cite a declarar a todos los imputados, entre los que se encuentran el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex viceconsejero Agustín Barberá.

Por último la Fiscalía pide a la juez que requiera a los despachos de abogados que intervinieron en la tramitación de algunas de las ayudas que aporten “justificación documental” del asesoramiento “prestado y facturado, de manera directa o indirecta a través de agencias públicas ligadas a la Junta de Andalucía, a la dirección general de Trabajo” y que aporten en su caso copia de los “contratos de asesoramiento, facturas emitidas y cobradas e identidad del pagado, así como identidad de los asesores de los despachos en cada caso intervinientes”.

La Fiscalía también ha solicitado que la Agencia Tributaria informe sobre las “operaciones declaradas” por las sociedades y despachos de letrados “con otras sociedades y entidades que hayan sido beneficiarias de los fondos públicos objeto de investigación, sociedades mediadores -en especial Vitalia Vida y Uniter- y compañías de seguro que hayan formalizado pólizas objeto de investigació, así como a la Junta y a las entidades y agencias públicas dependientes de la administración.