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Uso de las tarjetas de la Faffe en burdeles
El uso de las tarjetas públicas de la Faffe en cinco burdeles se enjuiciará independientemente de la investigación sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación vinculados a esta fundación y será además el primero de estos casos que llegue a juicio, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que separe la investigación relacionada con el uso de las tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la pieza separada en la que se indagan las ayudas concedidas a la misma para la realización de los cursos de formación.
El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha remitido un escrito a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en el que solicita a la magistrada la apertura de nuevas diligencias previas en la que se tramite la instrucción relacionada con el uso de las tarjetas de la Faffe, al estimar que se trata de unos hechos que tienen la suficiente entidad y se distinguen del resto de la investigación como para poder ser tramitados y enjuiciados de forma separada. Aunque la juez aún no ha respondido a la petición del Ministerio Público, las fuentes consultadas indicaron que la instructora accederá con toda probabilidad a la apertura de esta nueva pieza separada.
La causa en la que aparece como único investigado el ex director general de la Faffe Fernando Villén podría ser enjuiciada ante un jurado popular o por un tribunal de la Audiencia de Sevilla, en función del delito o delitos que finalmente pudieran atribuírsele.
En principio, los hechos investigados constituyen, según las mismas fuentes, un delito de malversación de caudales públicos, por el pago de 31.969 euros en prostíbulos y clubes de alterne, así como por los otros gastos bajo sospecha realizados en hoteles, restaurantes y peajes.
La Fiscalía quiere un juicio independiente
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez María Núñez Bolaños que el uso de las tarjetas de la Faffe sea investigado de forma independiente a los cursos de formación que recibió la Fundación.
Delitos de malversación y falsedad documental
El Ministerio Público considera que, con independencia de que se demuestre que los cargos en los burdeles fueron devueltos a la Faffe, los hechos constituirán un delito de malversación de caudales público e incluso de falsedad en documento contable, si se acredita que no se devolvió el dinero.
Sería el primer caso que llegaría a juicio
Si se separa de la macrocausa de los cursos, el uso de las tarjetas públicas sería el primer caso que llegaría a juicio.
A este delito de malversación podría añadirse otro de falsedad en documento contable si el Ministerio Público corrobora las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en cuanto a las dudas sobre la veracidad de la devolución de los cargos realizados con las tarjetas de la Faffe en los prostíbulos.
En cualquier caso, el hecho de que finalmente se constatara la devolución de esos cargos, que Villén asegura que realizó en efectivo en la caja de la Faffe, esta circunstancia podría ser considerada como una circunstancia atenuante a la hora de la solicitud de la pena, pero en ningún caso supondría que no se le acusara del delito de malversación de caudales públicos, que según entiende el Ministerio Público se habría materializado desde el mismo momento en que se hicieron esos pagos con una tarjeta pública destinada inicialmente para cubrir los posibles gastos de representación del entonces director general de la Faffe.
Junto a la petición de que se abran unas nuevas diligencias previas por el uso de las tarjetas de la Faffe, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que cite a declarar a otros cuatro testigos, ex trabajadores de la Fundación que gestionaban la contabilidad.
El Ministerio Público quiere aclarar si realmente, como sostiene el investigado, las devoluciones de los importes cargados en dichas cuentas se hicieron, o como sostiene la Guardia Civil esas “supuestas devoluciones” se contradicen directamente con los testimonios de estos empleados, que han manifestado que la caja central disponía de fondos por un importe aproximado de 1.200 a 1.500 euros y se utilizaban para pagar gastos diarios de pequeño valor.
Según la Guardia Civil, hay “serias dudas de la veracidad de los asientos contables”, revelando además una “supuesta dinámica dirigida a camuflar contablemente estos gastos, a todas luces alejados de cualquier actividad de representación de la Fundación”.
Fernando Villén reconoció la semana pasada ante la juez que hizo los cargos, afirmando incluso que en algunos casos era consciente de que estaba utilizando la tarjeta de la Faffe para pagar en los burdeles, mientras que en otros atribuyó esos cargos a una confusión con su tarjeta personal.
Una vez que declaren los testigos propuestos por el fiscal, la pieza separada por el uso de las tarjetas de la Faffe habría llegado al final de la instrucción, con lo que sería la primera que llegaría a juicio de la macrocausa de la formación, aunque en principio el juicio no podría celebrarse, como muy pronto, hasta mediados o finales de 2019, en función de los recursos que pudieran presentarse.
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