Anticorrupción recurre para que se imponga una fianza civil de 353.000 euros a un ex dirigente de CCOO

Sevilla/La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla en el que solicita que se imponga una fianza civil de 353.353,96 euros al ex secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO Juan Antonio Florido, imputado en la causa de los ERE durante la segunda fase de la operación Heracles, que se desarrolló en octubre de 2013.

La juez Mercedes Alaya había impuesto inicialmente esta misma fianza al ex dirigente de CCOO pero en enero pasado decidió levantársela, al estimar el recurso de la defensa del imputado, y mantener únicamente la obligación de comparecer regularmente ante el juzgado, al considerar que había que investigar "con mayor profundidad" los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido esta decisión porque considera que la naturaleza de los delitos cuya imputación se mantiene para el imputado -que fue imputado por delitos de malversación de caudales público y tráfico de influencias- "serían más que suficientes, ante la solidez de los mismos, para imponer y en este caso mantener medidas cautelares de naturaleza real para garantizar las responsabilidades civiles que deriva de la indiciaria participación en los hechos de Juan Antonio Florido que han supuesto un menoscabo de los fondos de la Junta de Andalucía".

La Fiscalía recuerda que la instructora imputó en su día a este sindicalista que había mantenido una "estrecha relación" con la mediadora Vitalia, a través de su delegado Jesús Bordallo, y que llegó a realizar "labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".

El fiscal señala igualmente que la juez detalló la participación del imputado en el ERE de Hytasal, por el que percibió una renta de 221.543,29 euros, y su participación en el ERE de Intersur, donde aparecieron tres intrusos.

El Ministerio Público insiste que había que continuar investigando si las pólizas percibidas fueron concertadas con la federación para el pago de la indemnización del sindicalista y que, según éste, habían sido devueltas mediante un ingreso en 2012, pero el fiscal concluye que la certificación que el sindicalista acompañó a su recurso de reforma "no desvirtúa los indicios de la presunta ilicitud de su percepción puesto que en todas ellas el tomador es una empresa vinculada al grupo Vitalia".

Por ello, solicita a la Audiencia de Sevilla que deje sin efecto el auto de Alaya del pasado 23 de enero y vuelva a imponer las medidas cautelares de naturaleza real.