Bolaños cita a declarar en febrero al hermano del ex director de la Faffe, Manuel Villén

La juez María Núñez Bolaños, que investiga en una pieza separada el uso de las tarjetas públicas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha citado a declarar como investigado el 20 de febrero de 2019 a Manuel Villén Rueda, hermano del ex director general de la Fundación, quien declaró recientemente ante la instructora en relación con los 31.969 euros que gastó en cinco prostíbulos y clubes de alterne.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la magistrada ha dictado una providencia en la que cita a declarar como investigado a Manuel Villén, que fue director de Administraciones Públicas de la Faffe, quien efectuó gastos con dos tarjetas de laFundación por importe de 8.109,03 euros en el periodo comprendido entre el 14 de abril de 2006 y el 27 de julio de 2011, según recoge el último atestado realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todos estos gastos, según los investigadores, fueron realizados en “peajes de autopistas”.

Dice la UCO que como el 3 de mayo de 2011 la Faffe pasó a integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo pagos efectuados entre ese día y el 27 de julio de 2011, fecha del último gasto, se harían ya “afrontados con fondos directamente procedentes del SAE”.

Además de citar como investigado a Manuel Villén, la juez María Núñez Bolaños, ha acordado que el mismo 20 de febrero de 2019 comparezcan otros cuatro testigos propuestos el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño. Se trata de ex trabajadores de la Fundación que gestionaban la contabilidad.

El Ministerio Público quiere aclarar si realmente, como sostuvo en su declaración el director de la Faffe, Fernando Villén, las devoluciones de los importes cargados en los burdeles se hicieron realmente, o como sostiene la Guardia Civil esas “supuestas devoluciones” se contradicen directamente con los testimonios de estos empleados, que han manifestado que la caja central disponía de fondos por un importe aproximado de 1.200 a 1.500 euros y se utilizaban para pagar gastos diarios de pequeño valor.

Según la Guardia Civil, hay “serias dudas de la veracidad de los asientos contables”, revelando además una “supuesta dinámica dirigida a camuflar contablemente estos gastos, a todas luces alejados de cualquier actividad de representación de la Fundación”.