Carne contaminada y luz pirata

Conforme se van conociendo más detalles de la investigación judicial del brote de listeriosis crecen los indicios delictivos contra el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, quien siguió comercializando los productos a pesar de que, tanto él como su hijo Sandro José, conocían al menos seis meses antes de que se acordara la alerta sanitaria que la listeriosis estaba presente en sus instalaciones.

El pasado martes la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil desarrolló una operación, adelantada por este periódico, que ha acabado con el ingreso en prisión provisional del administrador de hecho de Magrudis y de su hijo Sandro José, el administrador de derecho de la empresa.

La juez del caso, Pilar Ordóñez, se trasladó esa mañana hasta las instalaciones de la empresa, donde nada más acceder a las naves de Magrudis y de Elaborados Cárnicos Mario, la empresa a nombre del otro hijo, pudo comprobar que no estamos ante la mejor imagen de lo que debe ser un empresario modélico, sino más bien todo lo contrario. Para empezar, la comisión judicial observó cómo Magrudis tenía un enganche ilegal al alumbrado público.

Después se ha conocido que José Antonio Marín no tiene nada a su nombre. Ni cuentas bancarias, ni inmuebles, ni vehículos, al parecer, porque tenía “deudas”, según ha declarado el dueño de la empresa a la instructora. Las sociedades estaban a nombre de sus hijos.

Los teléfonos móviles del dueño de la empresa estaban pinchados por la Guardia Civil desde principios de septiembre y eso ha permitido corroborar que sabía desde el 22 de febrero que un lote de carne mechada –envasado el 20 de diciembre de 2018– había dado positivo en listeria, pero este dato fue ocultado deliberadamente a las administraciones sanitarias.

El análisis de dos lotes de carne se solicitó después que fuesen informados de que se habían intoxicado algunas personas que asistieron a un bautizo en Huelva y fue el propio Sandro José quien entregó las muestras para su análisis al laboratorio Microal.

La juez recuerda en el auto de prisión que José Antonio Marín le dijo a un hermano suyo en una de las conversaciones intervenidas que “es cierto que en febrero había habido una alerta y se la habían comunicado, que retiró el producto y ya está, porque eran muy pocos kilos y los tiró”.

Los arrojó a la basura, según admitió a la juez, pero no hay constancia de la destrucción de ese lote contaminado y, lo que es más grave, a pesar de ese positivo continuó vendiendo sus productos y ni siquiera le comunicó a los trabajadores de su empresa que se había detectado la presencia de la bacteria.

En su defensa, Marín Ponce volvió a manifestar lo que ya había dicho antes de ser detenido: Que él limpió con “lejía” y con otros productos desinfectantes. Pero a la vista de todo lo ocurrido, con tres personas fallecidas, siete mujeres que han perdido a sus bebés, y los 217 infectados, su afirmación de que limpió resulta del todo insuficiente y revela que este tipo de actividades no pueden quedar sujetas a una regulación de autocontrol.

No basta con decir que se limpiaron a fondo las instalaciones o, como han afirmado, que “lo hacían lo mejor que podían”, o que ignoraban muchas cuestiones, entre ellas que debían informar sobre la infección a las administraciones. La Fiscalía les reprochó esa “ignorancia deliberada” en las declaraciones ante la magistrada.

El autocontrol podrá tener sentido en sociedades más avanzadas que la española, como en Suecia o Finlandia, pero todavía no es posible en países como España, donde aún hay casos como el de este supuesto empresario, con su enganche ilegal de luz, que es capaz de ocultar durante meses una infección de listeria en sus instalaciones, con el grave riesgo para la salud de los ciudadanos.

La defensa del dueño de Magrudis ha alegado que en este caso se ha producido una “culpa in vigilando” de las administraciones públicas implicadas “culpa in vigilando–el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía– a la hora de controlar lo que estaba sucediendo.

Según la instructora, sólo hay constancia de que se han realizado “dos inspecciones” a Magrudis. La empresa se constituye en 2013 y el 23 de noviembre de 2015 la Junta levantó acta de inspección inicial para la autorización sanitaria y su inscripción en el registro sanitario de empresas alimentarias y alimentos.

La primera inspección de la empresa data del año 2016 y fue realizada por el servicio de consumo e inspección veterinaria, en la que se calificó a la empresa con categoría A y por tanto con una frecuencia de inspección cada seis meses. La segunda inspección tuvo lugar el 18 de julio de 2017 y en esta se catalogó a Magrudis como empresa “C”, lo que implica que la inspección pasaba de seis meses a 18 meses y la frecuencia de supervisión de doce meses a dos años.

Según los datos que obran en la causa, desde julio de 2017 no se realizaba ninguna inspección en la empresa. Habían pasado dos años sin supervisión hasta que se produjo la alerta sanitaria de agosto pasado y, todo ello, con el conocimiento que tenían respecto al positivo en listeria monocytogenes de febrero.

La defensa puede tener parte de razón en lo que se refiere a la falta de vigilancia de las administraciones y a las deficiencias del sistema de autocontrol, pero eso no exime a los propietarios de Magrudis de su responsabilidad en lo ocurrido porque, como sostuvo la Fiscalía cuando solicitó la prisión provisional del dueño y de uno de sus hijos, se han producido “una serie de incumplimientos reiterados graves y a lo largo de varios meses”, y se han infringido además todos los “deberes” de informar a las administraciones sanitarias y los decretos que regulan el destino de los desechos de este tipo de actividades y la obligación del autocontrol.

Aun así, la investigación judicial no ha hecho nada más que arrancar, por lo que no se puede descartar que la causa pueda salpicar a las administraciones implicadas.