Confirman la imputación de Rivera por dar continuidad a las irregularidades
Caso ERE
La Audiencia dice que este ex director de Trabajo, sucesor de Guerrero, acordó el pago de una ayuda a dos intrusos.
La Audiencia de Sevilla ha confirmado la imputación en la causa de los ERE del que fuera director de Trabajo y Seguridad social de la Junta Daniel Alberto Rivera, al estimar que hay indicios de que dio continuidad a la "forma de irregular actuación" de sus predecesores en el cargo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, según revela un auto de la Audiencia de Sevilla de enero pasado pero que no ha trascendido hasta ahora al permanecer la causa secreta durante todos estos meses.
En esta resolución, los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial señala que Daniel Alberto Rivera acordó en septiembre de 2010 un tercer pago de 167.528 euros para 26 supuestos antiguos trabajadores de la empresa Surcolor, a pesar de que de dicho expediente "se desprendía la ausencia de todo procedimiento, sin trámite alguno, y de que solamente eran 24 los trabajadores despedidos, de suerte que era evidente la falta de fundamento del pago a dos de los beneficiarios de las ayudas".
El auto de la Audiencia señala que "evidentemente, por lo que de continuidad con la forma de irregular actuación de predecesores en el cargo supone, aquella conducta era y es plenamente merecedora de su esclarecimiento". El tribunal también indica que Rivera acordó en septiembre de 2010 el pago de una ayuda a la entidad Acyco, por importe de 109.620 euros y destinada al mantenimiento de 144 puestos de trabajo, pero que en realidad "pudo destinarse al pago de una minuta de honorarios de un bufete de abogados" por el mismo importe, por lo que la Audiencia considera "razonable" la decisión de la juez Mercedes Alaya de extender la investigación judicial a la actuación del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera.
La Audiencia desestima, por tanto, el recurso de apelación que presentó el ex alto cargo de la Junta y confirma su imputación en la causa de los ERE al entender que existen indicios contra el mismo por dar continuidad a las presuntas irregularidades.
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