Díaz arropa a Chaves y a Griñán ante el paso "inédito" de la juez

Digerida la conmoción del estreno, el nuevo Gobierno andaluz afrontó el primer día de trabajo con el bombazo de los ERE sobre la mesa. En las formas, apariencia de tranquilidad; en el fondo, traslado de que no existe novedad jurídica relevante, no existe un antes y un después, pese a que la juez Mercedes Alaya relacionó el martes a siete aforados con el manejo "ilegal" de fondos públicos, entre ellos y por primera vez de forma directa a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los responsables de la Junta, liderada por su presidenta, Susana Díaz, se aferraron a la literalidad del texto del auto de Alaya, con una interpretación en la que deducen que no hay imputación directa. Se apunta, se abre la puerta, se acecha, se aproxima, supone el primer paso... la Junta no entró a valorar los "dimes y diretes" y se escudó en la indefinición del paso dado por Alaya para salvar a los ex responsables (dos hasta el día antes en el Gobierno, los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, los diputados nacionales Manuel Chaves y José Antonio Viera, el próximo senador José Antonio Griñán y los parlamentarios andaluces Manuel Recio y Francisco Vallejo).

Susana Díaz, que se ha ungido en tiempo récord de un acento institucional, mantuvo su apoyo a la "honestidad e integridad" de sus predecesores, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, de los que ha dicho que "se están viendo en una circunstancia inédita". Chaves, Griñán y los restantes altos cargos de los que Susana Díaz se ha distanciado para formar Gobierno se encontrarían en un estado de preimputación, en un limbo que la propia juez reconoce en el auto que es similar al de "denunciado" o "querellado", ya que al ser aforados ella no puede imputarles y, por ello, (en un giro sorprendente) les ofrece, si se sienten indefensos, desplazarse a a las instancias judiciales a declarar.

Sobre la coincidencia del auto con la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, Díaz apuntó que "no es la primera que se produce" y agregó: "Tuvimos conocimiento (del auto) cuando el nuevo Gobierno de Andalucía estaba en un momento muy importante, dejémoslo ahí". La presidenta hizo estas declaraciones a primera hora en Canal Sur Radio. Díaz no se ha puesto a disposición de los periodistas desde que fue investida.

La postura del Gobierno andaluz la subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz Miguel Ángel Vázquez. La intención del Ejecutivo fue trasladar la bondad de la futura acción de Gobierno y a ese apostolado se apresta como nadie el nuevo responsable de Educación, Luciano Alonso, que ya ostentaba las carteras de Cultura y Deportes, y que vino a explicar el estreno del curso escolar, pero sin una sola novedad.

Igual de previsible era que Vázquez fuese sometido a un interrogatorio sobre la deriva judicial en la rueda de prensa, como la vacuidad de las respuestas. Para el portavoz del Gobierno andaluz, el paso adelante de Alaya no aporta "novedad" y sostuvo que la noticia más importante del día anterior, tanto para el Gobierno como para los andaluces, fue el estreno del curso escolar. En contestación a 14 preguntas, Vázquez hiló el argumentario de la Junta, que pasa porque el auto de Alaya era "prescindible" por el daño que se causa a la imagen de los acusados, sobre los que reiteró su honradez e integridad. "En el auto no se imputa a nadie; puede abrirse el debate, pero no se alumbra solución", señaló.

La cuestión más relevante es si la Junta asumirá la defensa legal de estos ex altos cargos. "No se ha visto, no corresponde", respondió Vázquez. La Junta tiene cinco días para decidir. En julio, Vázquez aseguró que la Junta abonaría la defensa de sus cargos imputados, pero después se desdijo. En realidad se desconoce si la Junta abona las defensas, y de cuántos.

Vázquez fue interrogado al respecto, pero despejó la pregunta con una fórmula que lamentablemente se está convirtiendo en un latiguillo: "No tengo los datos en este momento". Tampoco se facilitaron al término de la comparecencia, ni en las horas que siguieron.

Tampoco se aclaró si la Junta recurrirá el auto. El propósito era dotar de irrelevancia a un hecho que fue primera plana nacional y cimentar la idea de que el nuevo Gobierno recién estrenado está libre de la herencia de los ERE.