El Ejecutivo andaluz le dice a la juez formalmente que no entrega las actas

No hubo sorpresas y la Junta de Andalucía, a través de sus servicios jurídicos, volvió a comunicar a la juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de Empleo (ERE), su negativa a entregarle todas las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001. La Junta se escuda en el artículo 31.1 de la Ley del Gobierno de Andalucía, que recoge que "los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

El letrado del Gobierno andaluz que ayer se reunió con la juez insistió en la intención de enviarle "toda la información relevante" para la causa, pero ni un documento más. Se da la circunstancia de que el encuentro entre el letrado de la Administración andaluza y Mercedes Alaya duró menos de diez minutos.

La postura de la Junta de mantener su "requerimiento de incompetencia por carecer el juzgado de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas" deja a la juez del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ante la elección de aceptar el ofrecimiento de la Junta o esperar que el Tribunal Supremo dirima cuál de las partes tiene razón. Todo apunta, sin embargo, que la juez mantendrá su intención de recibir todas las actas de la última década, por lo que, una vez confirmado el requerimiento de incompetencia deberá dar vista a las partes personadas y al fiscal de la causa para que den su opinión y, posteriormente, en un plazo de cinco días emitir un nuevo auto donde decline o mantenga su jurisdicción.

Por otro lado, Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, pidió ayer a la juez que "expulse de la causa" a la Junta, personada como acusación particular y como parte perjudicada, "por abuso del Derecho y mala fe procesal al tratar de que la juez se inhiba".

El PP-A, a través de su secretario general, Antonio Sanz, también realizó su valoración sobre el desencuentro entre la Junta y la juez que investiga las irregularidades en los ERE de la última década. Sanz indicó que esta "inaceptable guerra lo único que busca es tapar el fraude y ocultar el escándalo y las mentiras para que no se pueda llegar al fondo de este asunto".

Para el secretario general de los populares andaluces es "inaceptable estar todo el día presumiendo de la cooperación con la juez y negarle las actas del Consejo de Gobierno". En esta línea, el dirigente del PP-A anunció la presentación de una nueva iniciativa en el Parlamento andaluz para que se avance en la investigación sobre estos ERE y se esclarezca quiénes incluyeron como beneficiarios a personas ajenas a las empresas acogidas a las ayudas excepcionales. "Los intrusos no llegaban solos a los ERE; nadie se lo va a creer; los padrinos estaban en el Consejo de Gobierno o en el PSOE; aquí va a haber más padrinos que en una película de la mafia italiana", afirmó Sanz, quien también reclamó que la Junta aclare qué porcentaje de las partidas presupuestarias destinadas a sufragar estos ERE se aumentaron posteriormente por el Consejo de Gobierno, algo que confirmaría, en su opinión, que el presidente de la Junta José Antonio Griñán, "mintió" cuando negó que el Ejecutivo conociera la existencia de este "fondo de reptiles".