Anticorrupción apunta al Gobierno de Griñán en el caso de Isofotón

Un nuevo giro en la investigación de la macrocausa de Isofotón. La Fiscalía Anticorrupción apunta al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán en la investigación de las presuntas irregularidades en la concesión de avales y ayudas a la empresa malagueña Isofotón por importe de más de 80 millones de euros. El Ministerio Público ha solicitado al juzgado de Instrucción número 3 que se reclame a la consejería de la Presidencia de la Junta el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos de fecha 3 de julio de 2012, por la que se modificó la propuesta de inversión para la concesión de un préstamo a la empresa fotovoltaica malagueña del Fondo de Desarrollo Empresarial (FDE) por importe de 8.395.854 euros.

Fuentes de las defensas de este caso han explicado a este periódico que el ex presidente José Antonio Griñán no asistía a ninguna de las reuniones de esta comisión ni las presidía, como no lo hace "ningún presidente en ningún gobierno", aunque formalmente se indique que dicha reunión las preside el presidente de la Junta de Andalucía, y añaden que cuando llegue el acta así se acreditará.

Tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha acordado requerir a la Junta de Andalucía para que aporte el acta de esa reunión de la Comisión delegada para Asuntos Económicos, presidida por el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, si bien en la misma participaban otros miembros del Gobierno andaluz como el consejero de Economía, Antonio Ávila, que era el vicepresidente, y también eran miembros las Consejerías de Hacienda, Obras Públicas, Empleo, Agricultura -cargo que ocupaba el actual ministro de Agricultura, Luis Planas-, Igualdad y Bienestar Social -cargo que ostentaba la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero-, Cultura y Medio Ambiente.

La petición de este acta se suma a la realizó en relación con las actas de los consejos de Gobierno de la Junta entre 2005 y 2015, que abarca los periodos de las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. La Junta remitió al juzgado esas actas, lo que permitió verificar que los avales que la agencia IDEA concedió Isofotón pasaron por tres Consejos de Gobierno presididos por José Antonio Griñán en los años 2010 y 2011, según se puede comprobar en las casi 500 actas recopiladas.

En un escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla el pasado 3 de febrero, los fiscales encargados del caso señalan que con fecha 10 de agosto de 2012, la entidad para la Promoción y Reconversión de Andalucía (Soprea) firmó un préstamo a favor de de Isofotón por importe de 8.395.854 euros, a través de la agencia IDEA.

El préstamo deriva de la solicitud realizada por la empresa fotovoltaica con el fin de atender las "obligaciones de pago derivadas de la adquisición de células y paneles destinados a la obtención de energía sola a Samsung". Entre las obligaciones que se somete Isofotón como consecuencia de la firma del contrato está que debe mantener en todos su términos el préstamo participativo y durante la vigencia del mismo el mantenimiento de "al menos 702 trabajadores en su plantilla en régimen de alta" en la Seguridad social y "no podrán declarar o distribuir dividendos ni acordar ningún pago a favor de sus accionistas, socios y/o administradores, o de sus filiales, o de las personas vinculadas a éstos", precisa la Fiscalía.

En el acuerdo firmado por la agencia IDEA se indica que de conformidad con el convenio entre la Consejería de Hacienda y la consejería de Economía referente a la composición, organización y gestión del Fondo de Desarrollo Empresarial para Andalucía de fecha 30 de julio de 2010, se realizó la "verificación del cumplimiento por Isofotón de los requisitos establecidos, la remisión para su análisis, propuesta de inversión y formalización para Soprea, la propuesta de inversión se sometió al comité de inversiones para su aprobación previa y se elevó para ratificación por el Consejo de Administración del Fondo y la comisión delegada de Asuntos Económicos, hechos que efectivamente se produjeron con fecha 29 de mayo y 3 de julio de 2012".

Como garantías se firma la pignoración de la planta fotovoltaica Sevilla, con un valor neto de 4,7 millones, la subordinación de las deudas directas o indirectas que tenga dicha planta con cualquiera de las empresas del grupo Affirma, justificar la ampliación de capital por cinco millones de euros totalmente suscrita y presentada en registro, así como la justificación de la obtención de nueva financiación, considerada como aportación privada por importe de 1,6 millones.

Concedido "con conocimiento de los incumplimientos"

El Ministerio Público sostiene que el préstamo se concedió "con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por la agencia IDEA y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que éste se realizara", sostiene Anticorrupción.

En el expediente de concesión de la ayuda, prosigue el Ministerio Público, consta en la ficha informativa que se trata de una empresa "que no e se encuentra en situación de crisis, añadiendo a continuación que es una cuestión pendiente de verificación" y destaca "especialmente" que se afirma que la empresa no ha recibido ayudas o subvenciones, de acuerdo a la solicitud inicial, si bien en le apartado sobre el endeudamiento financiero manifiesta que del total de 29,8 millones de euros de deuda están avalados 29 millones por la Junta de Andalucía, lo que supone casi el 100%.

"A pesar de todo ello y cuanto menos con negligencia grave rayana en la intención, se propone sin embargo un resultado 'Apto' debido a la importancia estratégica (y como tal debería ser valorada por la Junta de Andalucía) de la empresa que tiene más de 700 empleados".

Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado que se remita el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos del 3 de julio de 2012, por cuanto entre las funciones de dicha comisión le corresponde, "independientemente de que después sea necesaria o no ratificación del Consejo de Gobierno (no lo sería en el caso que nos ocupa por tratarse de una operación inferior a 12 millones de euros), examinar y deliberar sobre todas aquellas propuestas relevantes en materias que tengan contenido económico o afecten a la economía andaluza en su conjunto o a sectores relevantes, con independencia del instrumento formal en que se plasme".