La Fiscalía pide que se envíe a Extremadura la investigación por las ayudas de 6 millones a los ex socios de Serrano

La Fiscalía ha solicitado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que se inhiba en favor de los juzgados de Mérida en la investigación de otras ayudas que por importe de seis millones de euros fueron concedidas a los ex socios de Francisco Serrano, que está siendo investigado por un presunto fraude de subvenciones relacionados con una ayuda de 2,5 millones para la construcción de una fábrica de pellets en la localidad onubense de Niebla.

En el último atestado remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, los agentes apuntaba que un millón de euros de una subvención fue utilizado para solicitar más ayudas a otra Administración Pública. No obstante, el ex líder de Vox se desmarcó de esta operación, al asegurar que no tiene "nada que ver" con estas ayudas de seis millones.

En un informe remitido ahora por la Fiscalía al juzgado sevillano, el Ministerio Público recuerda que en el curso de las investigaciones la UDEF averiguó que un millón de euros del Reindus concedido a Biowood Niebla se empleó presuntamente para constituir la sociedad Pellet Energía S. L., y como continuación de las pesquisas policiales se determinó que esta mercantil, junto a otras dos (Pellets Herrera y Biomasa Hurdes), presuntamente vinculadas a los ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López, solicitaron entre 2018 y 2020 otras ayudas públicas a la Junta de Extremadura, de lo que los agentes infieren indicios en tales expedientes de nuevos delitos de fraude de subvenciones.

La Fiscalía entiende, en este sentido, que los juzgados de Sevilla "no son territorialmente competentes para el conocimiento de tales hechos, al no existir conexidad con los hechos aquí investigados", en alusión al fraude de subvenciones que se investiga en el juzgado de Instrucción número 16 por la subvención de 2,5 millones de euros para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

Así, el Ministerio Público considera que el órgano concedente de la ayuda o subvención presuntamente defraudada es "diferente", porque en el juzgado de Sevilla se investigan las ayudas a la financiación concedidas por el Ministerio de Industria, conocidas como Reindus, y "sin embargo la ayuda pública presuntamente defraudada en el referido atestado procede de la Junta de Extremadura", en concreto del Decreto 160/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de la concesión de subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de combustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura.

En segundo lugar, la Fiscalía recuerda que ninguna de las empresas beneficiarias de la subvención se encuentra domiciliada en Sevilla -lo están en las provincias de Badajoz y Cáceres-, y además la ayuda pública fue ingresada "de forma anticipada" en las cuentas bancarias de Biowood Niebla y "consta acreditado que se ha distraído empleando para fines distintos de aquellos para los que la ayuda fue concedida gran parte del importe ingresado".

Por todo ello, concluye que "siendo subvenciones distintas, concedidas por distintos organismo públicos, a favor de empresas diferentes de la aquí investigada, domiciliadas todas ellas fuera de la provincia de Sevilla, y con proyectos cuya ubicación se encuentra igualmente fuera del territorio de Sevilla, unido a que el importe de la subvención de la Junta de Extremadura no se ha transferido a las empresas investigadas, y dos de ellas aún están en plazo para ejecutar el oportuno proyecto, es por lo que esta parte entiende que no existe conexidad con el objeto de las presentes y que la competencia territorial para conocer los hechos" recogidos en el atestado de la UDEF corresponde a los juzgados de Mérida.

Esto es así, añade el Ministerio Público, "por ubicarse allí la sede de la Junta de Extremadura en cuanto a órgano concedente, o en su caso, y según el devenir de las ayudas examinadas, el grado de ejecución de los proyectos y el abono o no a las empresas investigadas del importe subvencionado, a los juzgados de los territorios en los que se ubica el domicilio social y/o el proyecto subvencionado de cada una de las mercantiles, situadas todas ellas en la comunidad autónoma de Extremadura".