La Fiscalía recusa al presidente del TSJA en la causa contra el juez De Urquía

Caso malaya

El Ministerio Fiscal considera que Méndez de Lugo, presidente del TSJA, y Garvín, magistrado, "han podido acceder al contenido de algunas conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente"

06 de febrero 2008 - 10:38

Marbella/La Fiscalía ha promovido la recusación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y del magistrado de este órgano Jerónimo Garvín por "pérdida de la imparcialidad objetiva" en la causa contra el juez Francisco de Urquía por el "Caso Malaya".

En el escrito de recusación, el Ministerio Fiscal considera que Méndez de Lugo y Garvín "han podido acceder al contenido de algunas conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente" en relación con un segundo proceso que se sigue en el TSJA contra De Urquía por el "Caso Hidalgo".

Dichas escuchas, declaradas posteriormente nulas, "puntualmente se refieren al ejercicio de derecho de defensa" del juez De Urquía, "pudiendo generarse con ello", según la Fiscalía, "una objetiva pérdida de la imparcialidad" de los magistrados del TSJA que "les sobreviene de forma completamente involuntaria".

En este sentido, el Ministerio Fiscal establece que "tiene la completa certeza" de que Méndez de Lugo y Garvín "no tienen conocimiento alguno de las transcripciones aludidas" pero "sí han podido tener acceso al material probatorio que fue puesto a su disposición".

El magistrado Francisco Javier de Urquía fue suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella en julio de 2007 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras su imputación en un proceso abierto en relación con el "Caso Malaya" contra la corrupción municipal.

El magistrado del TSJA que instruye el proceso acordó el pasado diciembre elevar a procedimiento abreviado esta causa, en la que están imputados De Urquía, el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca y Arnaud Fabrice Albouhair por la comisión de supuestos delitos de prevaricación, cohecho y asesoramiento ilícito.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA abrió además el pasado enero diligencias previas contra De Urquía en relación con el "Caso Hidalgo" contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol.

En esta causa se investigan presuntas gestiones realizadas por el juez para favorecer a algunos de los imputados en el "Caso Hidalgo", que se destapó con una operación en la que se practicaron veintitrés detenciones, entre ellas la de varios letrados y notarios de Marbella, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias.

Tras esta imputación, De Urquía fue suspendido nuevamente de sus funciones por el CGPJ, que además hoy decidirá si expedienta al magistrado.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga elevó al TSJA el pasado enero las diligencias previas por el citado proceso contra De Urquía y, a pesar de que las escuchas del teléfono móvil del juez se declararon nulas, la Fiscalía señala que algunos de los autos que prorrogan dichas intervenciones contienen transcripciones de las mismas.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que califica este caso como "ciertamente inusual", señala que algunas de las conversaciones transcritas "contienen afirmaciones o propuestas para su defensa que han sido realizadas por el imputado Francisco de Urquía o por algunos testigos de la causa".

En el escrito de recusación, García Calderón, apunta que dichas conversaciones "podrían determinar en el ánimo del presidente de la Sala y de uno de los magistrados que la conforman prejuicios sobre el resultado de distintas pruebas que tendrán que ser, con toda probabilidad, objeto de una valoración imparcial en el acto del plenario".

Establece que el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga "tendría que haber previsto el efecto que produciría poner a disposición" del TSJA el citado "material probatorio" al tratarse del mismo órgano competente para el enjuiciamiento de "los hechos que son aludidos en las conversaciones transcritas".

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