Griñán asume que el caso Bárcenas pone en peligro la democracia

El líder del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, se atrevió ayer a explicitar en público lo que muchos dirigentes tanto de su partido, como de otras formaciones, opinan: el caso Bárcenas, por el ex tesorero del PP que llegó a poseer hasta 22 millones en Suiza, es un asunto tan grave que, sumados a otros, aleja a la ciudadanía tanto de la política que hace peligrar hasta el propio sistema democrático. Ayer, en una reunión de su comité director, en la que dedicó más de la mitad de su intervención a este asunto, dijo: "Si la política parece un reducto de intereses corporativos y partidistas, la ciudadanía se va a hartar del sistema y de la propia democracia, y esto es muy peligroso", aseguró Griñán en un hotel sevillano, donde les animó a los suyos: "El cuerpo nos pide cargar contra el PP, pero os pido que defendáis la política pese al PP".

El caso de Bárcenas, sumado a la confesión de financiación ilegal por parte de Unió, los negocios de Pujol, el caso Urdangarín, el de los ERE y la trama Gürtel están sacudiendo a la opinión pública en unos momentos en que los partidos, además, no saben dar una respuesta a la crisis económica. Consciente de ello, el propio Griñán asumió, por vez primera, que el caso de los ERE también haya contribuido al descrédito de la política, y solicitó una "reflexión", donde no sólo participen los partidos, sino los medios de comunicación, a algunos de los cuales -sin citarlos- le dedicó duras palabras al acusarlos de estar "subordinados a estrategias partidistas (...) usando armas prestadas".

Sobre el caso de los ERE, aseguró que es "posible" que "algún dirigente" de su partido sea condenado en los juzgados, y les pidió a los reunidos en el comité director que con "quien se haya beneficiado" de dinero público no caben "ni lealtades ni patriotismo" de partido. "No sólo -siguió- son delincuentes ante el Código Penal, sino también responsables de dañar al propio partido".

A pesar de esta declaración, el PSOE se negó en la comisión de investigación de los ERE a asumir las responsabilidades políticas que IU le solicitaba, básicamente, y personalizando, para los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, actual diputado, y Antonio Fernández. La declaración de Griñán no sentó nada bien a algunas de las personas más cercanas a estas dos personas, y que estaban presentes en la sala.

Griñán, como ya hiciese la semana pasada, solicitó la prohibición de los sobresueldos blancos de los cargos públicos; esto es, los ingresos que parlamentarios reciben de sus partidas además del sueldo de la institución. Este caso se da en el PP, donde Javier Arenas, como vicecesecretario general del PP, o María Dolores de Cospedal, secretaria general, cobran del partido como gastos de representación, además de por ser senador o parlamentaria. "Algunos de estos sobresueldos duplican -indicó- nuestros salarios como cargos públicos". La Ley de Transparencia que prepara el Gobierno incluirá la justificación de los bienes que poseen los políticos, sean puestos directivos o parlamentarios. Esto lleva a informar de los ingresos y, por tanto, de esos sobresueldos que Griñán quiere prohibir. "Aunque se declaren a Hacienda, tengo mis dudas de que guarden las compatibilidades", dijo.