La Guardia Civil cita un ERE para "uso y disfrute" del ex consejero Fernández

La investigación de la Guardia Civil sobre el papel que pudo desempeñar el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o las prebendas que pudo obtener dentro del entramado de los expedientes de regulación de empleo irregulares que instruye la juez Mercedes Alaya continúa arrojando revelaciones. Según un atestado del Instituto Armado, los imputados hablaban del ex titular de Empleo como beneficiario de una póliza contratada "para su uso y disfrute" y equiparable a la de otros intrusos que nunca habían trabajado en las empresas.

En ese informe de los investigadores, se detalla la documentación encontrado en los registros practicados a Ismael Sierra, cuñado del conseguidor Juan Lanzas, quien habla de Fernández y "asemeja su inclusión como intruso a lo ocurrido con María del Carmen Fontela", una pensionista, vecina de un comercial de Vitalia, que fue beneficiaria de las pólizas de Mercasevilla y del restaurante Río Grande.

Fernández está imputado en el caso de los ERE como consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y por las cantidades que le correspondieron por su trabajo en la bodega González Byass: 31.400 euros por su despido y 386.181 euros de los que fue adjudicatario dentro del ERE aprobado en el año 2008, a los que renunció.

Ahora, la Guardia Civil hace un análisis de los resultados de sus registros a Juan Lanzas y su cuñado y, entre otros, da cuenta de la aparición de nuevas empresas entre los hechos investigados como es AB Biotic, que podría estar vinculada al grupo Nueva Rumasa, o la "participación activa" de ambos en la solicitud, tramitación y justificación de ayudas públicas a Proasego Eólicas y Eólica del Zenete.

Además, se ha conocido la participación de Lanzas en otros expedientes que hasta ahora se desconocían como Nature Pack, Hytasal, Invirsal y Santana, añade el atestado. También confirma que Lanzas tenía conocimiento de la inclusión de "intrusos" vinculados al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Vinculados a Guerrero han aparecido como intrusos varios vecinos suyos en El Pedroso y su propia suegra, así como dos cuñados de Rivas y varios militantes del PSOE de Camas, de donde fue alcalde.

También queda acreditado, a juicio de los investigadores, que Lanzas elaboró facturas falsas para instrumentalizar el cobro de comisiones a la mediadora Vitalia y el despacho Villasís.

La Guardia Civil, por otra parte, da cuenta de que en el registro domiciliario de Lanzas, en marzo del 2013, se localizaron 81.100 euros en billetes, en su mayor parte de 500 euros, introducidos en "varios sobres ocultos" y para cuya localización fue preciso utilizar a perros adiestrados.

Según la Guardia Civil, este hallazgo confirma la imputación de que Lanzas cobró 600.000 euros al grupo Nueva Rumasa por cada uno de sus cinco ERE en Andalucía en los que medió, en dinero B y billetes de 500 euros. Además, dice el atestado que los agentes investigadores "infieren que Lanzas aún podría ocultar, en un lugar hasta ahora desconocido, una elevada cantidad de dinero en efectivo".

Sobre la trama de los ERE, la vicesecretaria general del Partido Popular andaluz, Virginia Pérez, exigió ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "rompa su silencio" y "cuente todo lo que sabe" sobre el caso, que a su juicio "ya se ha convertido en el caso PSOE-A". Para Pérez, "cada día que pasa callada" la jefa del Ejecutivo autonómico, hace que "su discurso contra la corrupción tenga menos credibilidad". Sobre todo, según recordó la dirigente del PP-A, porque Zarrías "es la G y la Z del caso ERE", del que "poco a poco se van despejando todas las incógnitas".