La Guardia Civil eleva a más de 12 millones las sobrecomisiones de los ERE

La Guardia Civil ha elevado a más de 12 millones las sobrecomisiones que se han cobrado por la intermediación en los ERE pagados por la Junta de Andalucía en sólo una decena de empresas investigadas, mientras que las organizaciones sindicales han percibido más de siete millones, lo que ha llevado a la juez Mercedes Alaya a ampliar las investigaciones al entorno de las empresas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO como pidió en dos ocasiones la Fiscalía Anticorrupción.

En un nuevo oficio remitido a la instructora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los agentes revelan que hasta momento se ha podido comprobar que en un total de diez expedientes de ayudas analizados –Surcolor, Calderinox, González Byass, Cespa/FCC, Saldauto, Intesur, Matadero de Fuenteobejuna, Europa Center (Hotel Cervantes), SOS Cuétara y Bilore- sobre un total de prima de 120.431.426,36 euros se han abonado comisiones a los medidadores de 18.065.630,97 euros, lo que constituye una media del 13,60%. La Guardia Civil subraya que como la media del mercado en promedio habría sido del 4,60%, esto implica que “se han pagado sobrecomisiones por un importe de 12.176.626,55 euros” tan sólo en esta decena de expedientes.

Los investigadores indican además que hasta el momento “se ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios han recibido” de las empresas mediadoras más de siete millones de euros, “indiciariamente como prestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas que ha permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes”.

El oficio policial continúa que como se han detectado “numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de las empresas vinculadas a ellos”, como es el caso de Atlantis Asesores S. A. para CCOO, y de ASP-Asesoramiento seguros, ITG y Temiqui en el caso de la UGT, los investigadores consideran necesario “profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas, intentando determinar al mismo tiempo, la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta de Andalucía en el marco de las ayudas sociolaborales objeto de las presentes investigaciones”, ya que el montante de las sobrecomisiones que los sindicatos han percibido de las mediadoras, “no coincide con la cantidad de pagos que éstas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos”.

A la vista de estas revelaciones, la juez Alaya ha dictado un nuevo auto en la que ordena ampliar las investigaciones al entorno de los sindicatos, para lo cual ha requerido a las siguientes siete organizaciones: Federación de Industria de Andalucía de CCOO, Federación Andaluza Agroalimentaria (Feagra) de CCOO, Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT Cádiz, Federación andaluza del Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT, Federación de Industria Andaluza (FIA) de UGT, y a los sindicatos CCOO y UGT del País Vasco. Alaya les pide que comuniquen a la mayor brevedad los números de cuentas bancarias con los que operan diariamente para las gestiones corrientes de su organización, “donde reciben ingresos, emiten pagos, domicilian recibos y cualquier actividad que esté relacionada con su contabilidad”, al tiempo que pide que hagan especial mención, en su caso, de las “cuentas de enlace” que tuvieran con las respectivas federaciones a nivel regional y/o estatal.

Dice Alaya que a través de estas diligencias policiales se ha puesto de manifiesto la utilización de un “entramado empresarial, organizado y dirigido por Juan Lanzas, a través del cual se canalizaba el dinero desviado que procedía de la Junta de Andalucía y por donde fluía además otro capital que Lanzas recibía, entre otros, de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones conseguidas por éste”.