El ex director de Hotasa niega que actuara de intermediario entre Ruiz Mateos y Lanzas

Sevilla/El ex director de la división hotelera de Nuevos Hoteles Agrupados de Nueva Rumasa (Hotasa) Carlos Manuel Miranda Bacciarini negó este miércoles ante la juez Alaya que actuase de intermediario entre el empresario jerezano y presidente del grupo José María Ruiz Mateos y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, quien según la instructora habría recibido más de un millón de euros en comisiones por los cinco ERE realizados en cinco empresas de la familia.

En su declaración como imputado por un delito de malversación de caudales públicos en relación con la inclusión de dos intrusos en el ERE hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), que recibió 12 millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía para las prejubilaciones de los trabajadores y la reforma del establecimiento, Carlos Miranda Bacciarini rechazó haber sido “intermediario en los pagos” realizados al ex sindicalista Juan Lanzas, que Alaya sostiene que habría cobrado de 20.000 a 25.000 euros semanales o quincenales en pagos realizados en sobres.

Miranda Bacciarini ha explicado en su comparecencia que vio en dos ocasiones a Lanzas, una cuando lo conoció en el año 2005 en casa de José María Ruiz Mateos, quien se lo presentó como un “colaborador”, y otra cuando le pidieron que recogiera un sobre en la garita del chalé de Somosaguas de Ruiz Mateos y se lo entregara en Sevilla, aunque el imputado ha dicho que “no es conocedor ni consciente de que eso representara ningún pago”, es decir, que no sabía que conocía el contenido del sobre, tal y como pusieron otros imputados que trabajaban como administrativos para Ruiz Mateos.

El ex responsable de la división hotelera de Nueva Rumasa añadió que desconoce la funciones que “desempeñaba Lanzas para la familia Ruiz Mateos”.

En cualquier caso, Miranda Bacciarini negó que haya influido en nadie para que le dieran ayudas para el ERE o para la inclusión de dos intrusos, Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cueva –quien también estaba citado hoy a declarar, pero que no ha comparecido-, al tiempo que aseguró que en ningún momento ha tenido conciencia de que estuviese haciendo “algo ilegal”.

El imputado, que según la juez fue además de director de Hotasa administrador mancomunado del hotel Cervantes entre 2004 y 2005 y participó “activamente” en el proceso de reestructuración laboral, ha reconocido que recibió “el encargo” de José María Ruiz Mateos de iniciar el proceso de negociación con los trabajadores en representación de la empresa, pero ha explicado que “nunca supo” quien realizó las negociaciones con la Junta de Andalucía para que la Administración autonómica participara en la financiación del ERE, aunque supone que “eran los mismos miembros de la familia Ruiz Mateos”.

El imputado ha negado que los dos trabajadores que Alaya considera intrusos tuviesen en realidad tal condición, ya que ambos trabajaban en empresas adquiridas por Nueva Rumasa –Viajes Marbesol y Autos Marbesol– y se les ofreció la posibilidad de seguir en el grupo en la única actividad que había en la Costa del Sol, el hotel Cervantes. El ex director de Hotasa dijo que fue Ruiz Mateos quien en “última instancia ordenó” que estas dos personas pasaran a la plantilla del hotel Cervantes y admitió que se les reconoció la antigüedad –llevaban más de 20 años trabajando para el grupo- y aseguró que ambos comenzaron a trabajar en el hotel, algo que la juez considera incierto. Según el imputado, uno de los supuestos intrusos trabajó en el garaje del hotel y otro “revisando” la labor del contable del establecimiento, y en cualquier caso negó que fueran introducidos “intencionadamente” en el hotel para que se acogieran al ERE, simplemente “coinciden las fechas”, ha manifestado.

Sobre las causas del ERE, ha dicho que el hotel no era viable, que tenía unos ingresos “ligeramente superiores a los gastos”, era un hotel de los años 70 sin reformar y si no se hubiese hecho el ERE “no se hubiese podido hacer las reformas y el hotel hubiese cerrado”, porque además la plantilla estaba envejecida y era excesiva, y el gasto de personal representaba más del 50% de los ingresos y el porcentaje de absentismo de los trabajadores era del 20%.

Al término de su declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una fianza civil de más de 120.000 euros para Carlos Miranda Bacciarini, una cantidad que supone el 20% de los 453.534,86 euros a que corresponden las pólizas de los dos intrusos. El fiscal delegado de Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga, ha justificado la exigencia de esta fianza en que considera que “sigue habiendo indicios de su participación en el pago de comisiones ilícitas a Juan Lanzas, en pago de las influencias ejercidas para conseguir la financiación pública”, y también por su participación en la introducción en el ERE de los dos trabajadores, “consiguiendo así con la financiación pública de su prejubilación un ahorro considerable para la familia Ruiz Mateos, propietarios de las empresas Viajes Marbesol y Autos Marbesol”. El fiscal ha reducido la fianza a un 20% del total de las pólizas atendiendo a la específica función del imputado dentro del grupo y en virtud de las “órdenes recibidas por José María Ruiz Mateos”.

La Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias se han adherido a la petición de fianza de la Fiscalía.